La Cámara de Senadores tratará este miércoles 9 de septiembre un pedido de informe dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de ueno bank, con el objetivo de conocer si la entidad se ajustó a los límites prudenciales establecidos para operaciones con partes vinculadas y cómo fue ejercido el control por parte de la Superintendencia de Bancos.
El proyecto fue impulsado por el senador Natalicio Chase, con el acompañamiento de otros legisladores, y cuenta con el respaldo del presidente del Senado, Basilio Núñez, quien señaló que la iniciativa busca transparentar la situación, al igual que pedidos de informe realizados anteriormente respecto de otras entidades financieras.
“Yo creo que es importante transparentar, hasta ellos van a estar de acuerdo”, manifestó Núñez al anunciar el pedido. Según explicó, la iniciativa ya fue presentada y sería tratada en la sesión del miércoles, para la cual tendría los votos necesarios para su aprobación.
Chase, por su parte, explicó que el objetivo es determinar si ueno habría superado los límites legales establecidos para las operaciones con empresas vinculadas y establecer si el BCP ejerció correctamente su función de control.
“Eso es lo que buscamos determinar”, señaló el legislador, quien agregó que también pretenden establecer si existieron discrepancias en los criterios aplicados. Aclaró que hasta el momento no cuentan con indicios que permitan afirmar que esas situaciones se hayan producido y que esperan contar con la documentación del BCP antes de adoptar una posición.
También puede leer: El IPS reubicará G. 120.000 millones depositados en banco
31 preguntas al Banco Central
El proyecto solicita al BCP información sobre el marco normativo aplicable, los procedimientos de supervisión, las operaciones específicas de la entidad y las medidas adoptadas por la Superintendencia. En total, el cuestionario contiene 31 puntos.
En primer término, los senadores solicitan que se detallen los límites vigentes para operaciones con personas vinculadas y el procedimiento utilizado para detectar excesos. También preguntan cuáles son los requisitos que debe reunir una venta de cartera a partes vinculadas y qué se entiende por financiación indirecta prohibida.
Lea más: ¿Dónde puede invertir el IPS? La ley limita las alternativas mientras se agota el margen en bancos
El pedido consulta además qué tratamiento corresponde cuando se verifica un exceso de los límites prudenciales durante más de diez días corridos, cuántos planes de regulación fueron exigidos a entidades del sistema financiero desde 2020 y cuántos excesos a los límites de partes vinculadas fueron registrados en los últimos 24 meses y qué sanciones se aplicaron.
Las operaciones que se pide revisar
En relación con ueno, el Senado pide determinar si la Superintendencia registró excesos en el límite de operaciones con personas vinculadas, derivados de operaciones con Mowi SA, Grupo M5 SA y Grupo Hendys SA, además de solicitar información sobre otras operaciones con Tuiú SA, Franade SA y Aime SA Corredores de Seguros.
También solicita conocer qué evaluación se realizó sobre las garantías, la capacidad de repago y la verificación del destino de los fondos, así como la nómina de informes de inspección y monitoreo continuo emitidos sobre ueno bank entre enero de 2025 y la fecha del pedido.
Otro de los puntos específicos se refiere a la venta de cartera de ueno bank a Vinanzas SA por USD 35 millones y G. 36.900 millones. Los senadores preguntan si la Superintendencia verificó la operación y si constató que los fondos fueron transferidos el mismo día a favor de Vinanzas SA, sin evidencia de permanencia en las cuentas de las prestatarias.
En ese contexto, se solicita conocer qué análisis de trazabilidad se realizó y si la Superintendencia concluyó que la operación reunía las características de una venta de cartera o si configuraba financiación indirecta.
Le puede interesar: El IPS concentra en los bancos el 65,8% de G. 20 billones a junio
El cuestionario también incluye la emisión y colocación de bonos de partes vinculadas de ITTI SAE, Grupo Vázquez SAE y de la propia entidad, adquiridos por Technoma SA y Factopar SA. Los legisladores piden que el BCP informe si estas operaciones fueron analizadas y cuál fue el destino de los fondos.
Consulta sobre solvencia
En el punto 30, los senadores preguntan expresamente: “¿Cuál es la situación actual de la excepción contable otorgada tras la absorción de Visión Banco y qué efecto tendría su reversión sobre los indicadores de solvencia?”. El mismo bloque consulta sobre el riesgo de concentración fiscal y previsional considerando la magnitud de los depósitos públicos y del IPS en la entidad.
La consulta sobre la excepción contable se ubica inmediatamente antes del último punto del cuestionario, en el que los senadores preguntan: “Confirmados los hechos, ¿qué responsabilidad administrativa correspondería a los funcionarios que omitieron actuar?”, menciona el documento.
Los senadores solicitan saber si el banco privado fue requerido a presentar un plan de regularización, si se adoptaron medidas cautelares o requerimientos de observancia y si se abrió un sumario administrativo o procedimiento sancionatorio contra la entidad o sus directores.
También preguntan si la Unidad Jurídica del BCP emitió algún dictamen sobre las operaciones y solicitan su remisión.
Otro apartado está dedicado a un memorando del 10 de julio de 2026, suscripto por el gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, referido a operaciones de la firma. El pedido busca conocer si la Superintendencia recibió el documento, qué trámite le dio, cuál fue la respuesta formal y si fue puesto a conocimiento del Directorio del BCP.
Además, se pregunta si existió alguna divergencia entre el criterio técnico de la Gerencia de Supervisión y la decisión final de la Superintendencia, y se solicita información sobre las rotaciones, renuncias y designaciones externas ocurridas desde enero de 2025 en la Gerencia de Supervisión y en el equipo asignado a ueno.
Chase sostuvo que el pedido no parte de una conclusión sobre un eventual riesgo para los recursos públicos. “No tenemos que el dinero público esté en riesgo. Lo que sí queremos verificar es que no se hayan sobrepasado los límites establecidos por los reglamentos y las leyes”, afirmó.
El senador señaló que la intención es contar con los antecedentes y documentos del organismo regulador para determinar qué ocurrió y, a partir de esa información, establecer una posición.
El proyecto establece un plazo de hasta 15 días para que el BCP remita el informe a la Cámara de Senadores. Además, solicita una copia autenticada del memorando del 10 de julio de 2026, los informes de inspección y monitoreo sobre ueno bank correspondientes a 2025 y 2026, el dictamen de la Unidad Jurídica y el acto administrativo mediante el cual se admitió o rechazó la subsanación del exceso a los límites prudenciales.
Chase adelantó que la respuesta del Banco Central será el insumo para definir posteriormente una postura política en el Senado sobre el caso.
