La Unión de Gremios de la Producción (UGP) alertó que una modificación impulsada por la Comisión Europea podría restringir la compra de biocombustibles provenientes del Mercosur, al mantener a la soja bajo la categoría de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC).
Según un comunicado difundido por el gremio, el borrador de reglamento delegado presentado en Europa establece una reducción progresiva hasta 2030 en el cómputo de biocombustibles derivados de soja dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.
Esta medida, advierten, impactará directamente en la producción y exportación global del complejo sojero.
El pronunciamiento recoge, además, un documento conjunto del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano, firmado por la Fundación Barbechando de Argentina y la UGP de Paraguay.
Las entidades sostienen que, aunque la reducción planteada sea gradual, el efecto económico será inmediato. Esto se debe a que el mercado europeo de biodiésel está estructurado sobre metas obligatorias de incorporación de energías renovables.
En ese sentido, explican que cuando un biocombustible deja de ser elegible para cumplir dichos objetivos, pierde competitividad dentro del mercado. La Unión Europea ha sido, históricamente, un destino clave para el biodiésel producido en Argentina y Paraguay, por lo que la medida alteraría flujos comerciales ya consolidados.
Cuestionamientos. Uno de los principales puntos de crítica se centra en la metodología utilizada para determinar el riesgo ILUC. Según el comunicado, el cálculo se basa en agregados globales que no reflejan adecuadamente las realidades productivas de cada país.
Las entidades señalan que el indicador toma en cuenta la expansión bruta del cultivo en determinadas regiones, sin distinguir entre países con crecimiento, estabilidad o reducción de superficie sembrada. Esto, aseguran, genera una “atribución colectiva del riesgo” que no se ajusta a los sistemas productivos nacionales.
En el caso de Argentina y Paraguay, destacan que se registraron mejoras significativas en productividad sin una expansión proporcional del área cultivada, gracias a prácticas como la siembra directa, la rotación de cultivos y los esquemas de doble cosecha.
El documento también advierte sobre tensiones dentro del propio marco normativo europeo. Mientras el régimen ILUC utiliza como referencia el año 2008, otras regulaciones más recientes fijan como fecha de corte el 2020 para determinar si un producto está libre de deforestación. Esta diferencia, sostienen, puede derivar en situaciones en las que un producto cumple con requisitos ambientales, pero sigue siendo restringido en el ámbito de energías renovables, generando incertidumbre jurídica y dificultades para los operadores económicos.
El Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano remarca la necesidad de abrir un diálogo técnico birregional que permita revisar los criterios utilizados e incorporar información actualizada sobre los sistemas productivos de la región.
