Un Tribunal de Apelación, conformado por los jueces Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, confirmó la resolución del pasado 6 de enero del juez Matías Garcete, quien rechazó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva del periodista Carlos Granada.
El comunicador se encuentra cumpliendo la medida judicial en el penal de Emboscada, luego de ser imputado por coacción, coacción sexual y acoso.
Lea más: Cámara ordena nueva audiencia para analizar prisión de Carlos Granada
El juez Matías Garcete había ratificado la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, luego de que un Tribunal de Apelación revocara la resolución del juez Julián López, con la cual se confirmó la prisión preventiva.
El Tribunal de Apelación había considerado una fundamentación insuficiente por parte del juez López.
La imputación contra el comunicador fue hecha en el mes de agosto del 2022 y desde ese momento se solicitó la orden de detención. El periodista se presentó recién el 11 de noviembre, cuando se ordenó su prisión preventiva.
Granada fue denunciado por seis mujeres periodistas que trabajaban en el mismo medio de comunicación.
Todas las víctimas relataron situaciones muy similares que vivieron con el comunicador, cuando este se desempeñaba como jefe de las afectadas y era gerente del grupo Albavisión.
Le puede interesar: Juez ratifica prisión preventiva de periodista Carlos Granada
Por ello, según sostiene la Fiscalía, Granada se aprovechaba de su condición frente a sus subordinadas e incluso lo hacía con total impunidad en el medio de comunicación.
La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay manifestó su repudio a las graves y reiteradas denuncias de violencia ejercida hacia las periodistas y resaltó que las acusaciones de acoso sexual en dicha empresa no eran nuevas.
Además de las seis víctimas, otras compañeras fueron afectadas, debido a que quedaron sin sus puestos de trabajo tras manifestarse en repudio por el caso. Las trabajadoras fueron despedidas injustificadamente o se vieron obligadas a renunciar ante la presión, según denunció la citada organización.
