05 nov. 2025

Tribunal envía a prisión a chicanero que suspendió su juicio 22 veces

De manera inédita, un Tribunal decidió castigar a tres acusados que deben ser juzgados y cuyo juicio hasta ahora no inició. Todos están procesados por estafa mediante sistemas informáticos.

28689595

Juan Francisco Ortiz, juez.

Tras suspender 22 veces el juicio oral por una supuesta estafa de G. 1.510 millones a Interfisa, por primera vez, un Tribunal de Sentencia castigó las chicanas de tres acusados, enviando a prisión preventiva a uno de ellos y a sus padres, a arresto domiciliario. La fiscala Ruth Benítez celebró la valentía de los magistrados.
“Por fin un Tribunal tuvo el coraje de aplicar el artículo 367 (del Código Procesal Penal). La Fiscalía siempre pide. Esto es un castigo a las chicanas, hablando mal y pronto, presentada por la defensa, buscando que la causa prescriba. Tres años que estamos tratando de hacer el juicio”, dijo la fiscala del caso.

EN FAMILIA. De los cinco acusados en el caso, tres de ellos, –padres e hijo– lograron presentar más de 50 acciones que fueron suspendiendo el juicio, al parecer, para dejar impune la supuesta estafa millonaria perpetrada mediante sistemas informáticos.

Jorge Mario Gómez González fue enviado a prisión, mientras que para sus padres, Miguel Ángel Gómez Ibarra, Jorgelina González de Gómez, el Tribunal dispuso que cumplan arresto domiciliario.

La decisión fue del Tribunal integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rosana Maldonado y Lourdes Garcete.

La fiscala había solicitado que se aplique la ley, que dispone que “...si el imputado se halla en libertad, el tribunal podrá ordenar, para asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza policial y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que ella se cumplirá”.

Ya en abril de este año, el abogado Gabriel Armando Rodríguez había sido suspendido por la Corte, luego de las incesantes chicanas presentadas y quedó otro abogado, que también sigue presentando recursos dilatorios.

MODUS OPERANDI. Según la acusación, entre noviembre del 2016 hasta abril del 2017, los acusados “de forma coordinada realizaron operaciones bancarias bajo una modalidad que les permitió generar acreditaciones irregulares de dinero en la cuenta corriente y en favor de Francisco Peralta”.

Así, le habría logrado causar un perjuicio millonario a la entidad financiera Interfisa.

Lo que hacían era supuestamente vulnerar el sistema informático, poniendo Peralta su cuenta en sobregiro, identificando que podía recibir transferencias y después revertía, “quedando disponible para su uso en la cuenta corriente”.

Jorgelina habría realizado dos transferencias por G. 10 millones. Jorge, cinco giros por G. 45 millones, mientras que su padre, Miguel, habría realizado 67 transferencias por un monto G. 593.785.000.

Millonario El caso debe ser juzgado por estafa mediante sistemas informáticos, por un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.510.935.000. Los procesados habrían hecho en total 173 giros solo a la cuenta de uno de los acusados, acompañando los demás en un presunto esquema.
28689599

Lourdes Garcete, jueza.

28689602

Rossana Maldonado, jueza.

28689605

Estafa. La entidad financiera habría sido perjudicada más de G. 1.500 millones.

ARCHIVO

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte confirmó la pena del ex ministro Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por un pedido de coima. Además, también ratificó la sanción para el funcionario judicial coprocesado en el caso.
Liz Prieto, una docente, pide a gritos justicia. Ya pagó G. 78 millones, que es el 2% de la deuda que le figura por un microondas y un crédito de G. 1 millón. Ella es otra víctima de la mafia de pagarés.
Hasta enero del 2026 continuará la investigación al ex titular de Senave y a varios funcionarios más quienes cobraban supuestamente de manera ilegal por expedir certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que cuesta solo G. 17.715, pero pedían hasta G. 10 millones.
En conferencia de prensa, el ministro Víctor Ríos justificó su acción de inconstitucionalidad para lograr la inamovilidad hasta los 75 años. Dijo que lo que señaló antes de su designación como miembro de la Corte, es que se iba a someter al proceso de confirmación, pero al no estar establecido el procedimiento, planteó la acción ante el Máximo Tribunal.
El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, dio inicio a la preliminar del caso Pavo Real II, pero luego la postergó por el cambio de abogado del acusado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, que proseguirá finalmente el jueves, a las 08:00 horas.
Por un supuesto perjuicio de G. 7.315 millones, que correspondía a los aportes jubilatorios que nunca llegaron a la Caja, debía iniciarse hoy un juicio oral contra el ex intendente de Lambaré Armando Gómez. Sin embargo, se pospuso el proceso hasta finales de noviembre, por reposo por gastroenteritis.