El proceso apunta ahora al reclamo patrimonial del Estado, que exige la suma de G. 1.154.401.733 a los condenados como reparación del daño.
La resolución de la Sala Penal de la Corte puso fin a un conflicto de competencia que mantuvo paralizado el expediente durante casi dos años, luego de que tanto juzgados ordinarios como especializados se declararan incompetentes para entender en esta etapa posterior a la condena penal.
En la causa, las juezas Victoria Ortiz y Karina Cáceres se declararon incompetentes en la solicitud realizada por la Procuraduría General de la República. Esta situación generó un conflicto de competencia entre dos magistradas por la causa.
Ahora, la Sala Penal sostuvo que, conforme al Código Procesal Penal, corresponde que el mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria sea el encargado de sustanciar el juicio de reparación del daño. Se trata de los jueces Victoria Ortiz, Pedro Nazer y Rilsy Ortiz.
De esa manera, declaró formalmente competente al Tribunal de Sentencia del fuero ordinario y ordenó la remisión inmediata de los antecedentes, habilitando así el avance del juicio de reparación del daño, que ahora pasa a ser el eje central del proceso.
En esta etapa, el Tribunal deberá analizar el reclamo patrimonial presentado por la Procuraduría General de la República contra los condenados.
Según el escrito, el Estado exige que al ex rector Froilán Peralta que repare la suma de G. 958.785.549, mientras que la ex directora de Talento Humano, María del Carmen Martínez Méndez, se le reclama la suma de G. 248.089.375, montos que coinciden con el perjuicio económico determinado durante el juicio oral y público.
El caso UNA no te calles fue una derivación de las publicaciones de ÚH respecto de las contrataciones irregulares y el cobro indebido de honorarios que se daban en la Universidad Nacional que motivó la movilización de estudiantes universitarios.
Tras saltar a la luz irregularidades en la gestión de Froilán, una serie de movilizaciones se originaron en setiembre de 2015 y duraron tres días. Las manifestaciones estudiantiles también derivaron en la renuncia de 10 decanos de las 12 facultades que componen la Universidad Nacional de Asunción, debido a que se vieron salpicados en el caso.
