El pasado viernes 27 de setiembre, el Ministerio de Salud Pública dio mesa de entrada al Oficio 1095 del Tribunal de Cuentas por el cual su presidente Gonzalo Sosa Nicoli solicita a María Teresa Barán Wasilchuk, ministra de Salud, detalles sobre la resolución por la cual se designó a Roberto Melcha Melgarejo como superintendente interino de Salud.
En el oficio se observa como el Tribunal emplazó por cinco días a la cartera sanitaria para la entrega de las documentaciones pertinentes.
Contexto. El 25 de marzo, Santiago Peña, presidente de la República, nombró a Roberto Melgarejo como superintendente de Salud en carácter interino.
El decreto fue el 1426. Debido a esto, el 13 de junio siguiente, el Círculo Paraguayo de Médicos presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo por la presunta emisión de un decreto ilegal.
El gremio médico alega que dicho decreto se contrapone a la Ley 2319/06 que “establece las funciones y competencias de la Superintendencia de Salud, creada por Ley 1032 de fecha 30 de diciembre de 1996 “Que crea el Sistema Nacional de Salud”.
La denuncia señala textualmente cuanto sigue: “La Ley 2319/06 no prevé en ninguna parte que el Poder Ejecutivo pueda adoptar decisiones saltándose o abreviando los estadios legales. Ni siquiera bajo el argumento de la urgencia. En su caso, estaríamos ante un acto administrativo nulo, ilegítimo y arbitrario”.
Según establece la ley, el superintendente será nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, de una terna constituida por los que obtuvieran mejor calificaciones de acuerdo con el criterio del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, en un concurso público de títulos, méritos y aptitudes que se llevará a cabo a tal efecto.
Superintendente. Roberto Melcha Melgarejo, superintendente interino de Salud, afirmó que es una “aberración jurídica” lo que solicita la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya lleva adelante el caso y es la única responsable de aclarar esta situación.
“Es un documento que llegó al Ministerio. La Superintendencia no responde estos pedidos. Es la Procuraduría la que debe responder sobre lo relacionado con los organismos del Estado. Es absolutamente legal el interinazgo. Hay gente que en su momento ínterin con la misma resolución y hoy se rasgan las vestiduras”, comentó.
Denunció que las acusaciones se refieren a una cuestión mediática y de una “obsesión compulsiva”.
