La sentencia fue leída este sábado por la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal de Sentencia, que juzgó a Hugo Javier González por los delitos de lesión de confianza y producción de documento no auténtico. La expectativa de pena era de hasta 15 años, pero finalmente se estableció 10 años de prisión.
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La acusación de la Fiscalía apuntó a un desvío de G. 5.105 millones de los fondos Covid de la Gobernación centralina durante la gestión de Hugo Javier González. Además, fue condenado también a 10 años de cárcel su “número 2" dentro de la Gobernación, Miguel Ángel Robles Ibarra, ex asesor y director de Gabinete y otras cuatro personas.
Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción resolvió declarar la punibilidad de Hugo Javier González por lesión de confianza y por producción de documentos no auténticos en calidad de autor.
Asimismo, dispuso 10 años de pena privativa de libertad, que la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Para el efecto, se ordenó su inmediata reclusión.
Los otros procesados
El ex director de Gabinete de la Gobernación Miguel Ángel Robles fue también condenado a 10 años de cárcel, tras ser considerado el principal instigador del hecho.
El ex director de Administración y Finanzas de la Gobernación Javier Marcelo Rojas fue a una pena privativa de libertad de dos años y se mantienen las medidas impuestas.
Luis Allende Araujo, en calidad de tesorero, fue condenado a dos años de cárcel, con posibilidad de suspensión de la condena.
Lourdes Lezcano, secretaria general de la Gobernación, fue condenada a dos años de pena privativa de libertad, con posibilidad de suspensión de la pena.
Finalmente, Modesta Valiente Escobar, directora de Asesoría Jurídica, fue condenada a dos años de cárcel, con posibilidad de suspensión de la pena.
El tribunal, también integrado por las juezas Yolanda Morel y Ana Rodríguez, concluyó que la causa no prescribió y, por lo tanto, la acción del Ministerio Público era procedente.
“Miguel Ángel Robles Ibarra ideó y lideró un esquema formado por funcionarios de la Gobernación y representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y así también con constructores para la realización de obras. Esto para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado entonces así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso del dinero público”, comenzó señalando la jueza Cáceres.
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El tribunal sostuvo que el dinero desviado de la Gobernación por el autor debió ser destinado a obras durante la pandemia, donde miles de personas quedaron sin trabajo por el cierre de empresas y miles de compatriotas fallecieron, muchos de ellos a la espera de medicamentos y un balón de oxígeno.
“A cuantas familias se hubiera beneficiado con esta utilización de dinero de fuente de trabajo o camas de terapia intensiva o medicamentos para los hospitales”, cuestionó el tribunal juzgador sobre el actuar de Hugo Javier González.
La acusación fue representada por los fiscales Rodrigo Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel, quienes pidieron una condena de ocho años para el ex gobernador.
Por su parte, el abogado de Hugo Javier González pidió la absolución, alegando que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto a su defendido.
Incluso, dijo que su cliente no se quedó con ninguna plata de la Gobernación y, muy por el contrario, se encuentra viviendo en la absoluta indigencia, sin dinero para pagar ni siquiera a sus abogados.
