02 nov 2026

Trasladan a funcionarios del Indert al interior tras denuncias por violencia contra mujeres

Cuatro funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fueron trasladados a oficinas del interior luego de que una jueza dispusiera medidas de protección urgentes a favor de ocho afectadas de la misma institución por diversas formas de violencia.

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Los hechos denunciados estarían relacionados con presuntas situaciones de violencia psicológica, laboral, telemática, mediática y simbólica.

Foto: Archivo.

Unas ocho funcionarias del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) denunciaron haber sido víctimas de diversas formas de violencia presuntamente cometidas por cuatro también funcionarios de la institución.

La jueza de Paz de Recoleta, María Bethania Mendieta dispuso medidas de protección urgentes, entre ellas, la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos, según el informe oficial.

Nota relacionada: Campesinos de Marina Cué e Indert articulan mecanismo de mediación en conflictos de tierra

Asimismo, el Indert dispuso el traslado de los denunciados al interior del país. De acuerdo con el reporte, los hechos denunciados estarían relacionados con presuntas situaciones de violencia psicológica, laboral, telemática, mediática y simbólica, contempladas en la legislación vigente de protección a las mujeres.

Se solidarizan con las afectadas

La Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) repudió los hechos de coacción y amenazas ejercidos por los sospechosos través de un comunicado. Instó al Ministerio Público a avanzar en la investigación contra los denunciados. Según el documento, los denunciados serían altos jerarcas de administraciones anteriores.

Finalmente, la Conabertt solicitó al Ministerio de la Mujer y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a fiscalizar el cumplimiento efectivo de las prohibiciones de acercamiento y contacto.

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