21 dic. 2025

Tras venia de Diputados, Peña debe elegir interventores

31991374

Reunión. Diputados con el intendente de CDE, Miguel Prieto.

rodrigo villamayor roa

Si la Cámara de Diputados aprueba los pedidos de intervención emitidos por el Ministerio del Interior tras el pedido de la Contraloría General de la República (CGR), el Poder Ejecutivo deberá elegir un interventor para cada caso, según establece la Ley N° 317/94 “Que reglamenta la intervención de los gobiernos municipales y departamentales”.

Esta semana se cumple el plazo de 15 días que establece la ley para que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados se expida sobre los pedidos de intervención a las comunas de Asunción y Ciudad del Este.

Los diputados tratarían y aprobarían esta semana ambas intervenciones, por lo que una vez que ocurra esto, el presidente Santiago Peña tendrá que decretar la intervención y designar un interventor para cada caso, en el plazo de 15 días.

La ley dice que el interventor debe ser “graduado en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables, y reunir los mismos requisitos exigidos para acceder al cargo intervenido, salvo el de la residencia”.

El interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecutivo, con el que hubiere producido la Contraloría General de la República, dentro del plazo de sesenta días, a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo, y el Poder Ejecutivo lo remitirá de inmediato a la Cámara de Diputados, dice la ley.

Con esos dictámenes, los diputados podrán resolver por mayoría absoluta la destitución de los intendentes intervenidos, y en ese caso, la Junta Municipal deberá nombrar un reemplazo hasta que se elija un nuevo intendente mediante elecciones.

Los diputados deben informar de la destitución al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que esta convoque a comicios que deberán llevarse a cabo dentro de los 90 días siguientes a la resolución dictada por la Cámara Baja, según lo dispone la Constitución.

Un antecedente es justamente el caso de Ciudad del Este, cuando Diputados no aceptó la renuncia de Sandra McLeod y la destituyó, lo que motivó el llamado a comicios y derivó en la primera elección de Prieto en CDE.

Más contenido de esta sección
La senadora Lizarella Valiente negó que su esposo y ex intendente de Asunción haya amenazado al interventor Carlos Pereira a través de mensajes a su teléfono. Se sumó al pedido de que el informe sea divulgado.
La CGR emitió un dictamen de correspondencia sobre los bienes de Óscar Nenecho Rodríguez, de acuerdo con sus declaraciones juradas presentadas desde el 2001 al 2021. Según el organismo, el ahora ex intendente no presenta anomalías en sus ingresos y egresos.
El senador Rafael Filizzola criticó al Ejecutivo por no publicar el informe de intervención en Asunción y manipular datos sobre empleo y gestión pública. Cuestionó el retiro de la concejala de Luque y advirtió sobre la falta de control en el sistema penitenciario, donde organizaciones criminales mantienen privilegios.
El senador Ignacio Iramain señaló que mientras Santiago Peña hace “neurocoaching” en el exterior, en el país persisten la inseguridad jurídica, el crimen organizado, bajos salarios, precariedad en salud y educación, además de la persecución política.
El senador liberal Éver Villalba exigió al jefe de Estado que transparente detalles de las obras del megaviaducto, que costará unos USD 200 millones, y que fue objeto de la consulta de la edil luqueña Belén Maldonado, quien denunció que “fue echada a patadas” por los guardias de la escolta presidencial tras pedir información.
Basilio Bachi Núñez defendió a Santiago Peña tras el cruce con la concejala de Luque Belén Maldonado, afirmando que la edil “está en campaña política” y buscó aprovechar el acto. Sostuvo que la obra cuestionada es un proyecto heredado del gobierno anterior y que el presidente “es el hombre más tranquilo y trabajador”.