La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) confirmaron ayer que irán a huelga hoy y mañana, en protesta contra la ley de reforma del transporte público recientemente sancionada por el Congreso. La medida de fuerza, que afectará al 80% de los servicios de colectivos en Asunción y el Departamento Central, se produce tras el fracaso de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde no se logró un acuerdo entre los trabajadores, el Viceministerio de Transporte y la cartera laboral.
La huelga involucrará a unos 8.000 trabajadores, según estimaciones de los dirigentes sindicales, y podría impactar en cientos de miles de usuarios del transporte público en un periodo de alta demanda por las fiestas de fin de año. Gerardo Giménez, titular de la Fetrat, mencionó que la medida de fuerza involucrará al 80% de los conductores de colectivos del área metropolitana.
El dirigente sostuvo que la nueva ley limita el derecho de los trabajadores de ir a huelga al exigir un 60% de servicio operativo incluso durante las protestas.
negociaciones. La reunión tripartita, convocada ayer por el Ministerio de Trabajo, buscaba destrabar el conflicto originado en setiembre cuando una huelga similar fue suspendida a cambio de promesas gubernamentales de diálogo. Sin embargo, el proyecto de ley fue aprobado sin modificaciones significativas, lo que los trabajadores interpretaron como un incumplimiento.
César Segovia, viceministro de Trabajo, explicó que la sesión permitió un debate sobre los puntos en disputa, pero no se alcanzó un consenso. “Hemos cumplido con nuestra función de buscar la conciliación, pero lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo que permita el levantamiento de la medida de fuerza”, expresó. Agregó que el Ministerio notificó al Viceministerio de Transporte y a las federaciones sindicales, y enfatizó la necesidad de respetar tanto el derecho a huelga como el de los usuarios no participantes. Segovia también advirtió sobre posibles irregularidades en la notificación de la huelga por parte de algunos sindicatos, ya que solo tres líneas (21, 23/24 y 15) cumplieron con el plazo de 72 horas establecido en el Código Laboral, lo que podría llevar a cuestionamientos judiciales.
Por su parte, Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, lamentó el fracaso de las negociaciones y atribuyó la huelga a intereses políticos que buscan frenar la reforma. “Cada punto de reclamo de los trabajadores fue atendido durante la evolución del proyecto de ley”, afirmó, destacando cambios en artículos como el 39, que ahora garantiza la transferencia de todos los trabajadores entre empresas sin evaluaciones previas. Defendió la exigencia de un 60% de servicios mínimos durante huelgas, argumentando que es constitucional y alineada con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el transporte público como un servicio de “trascendental importancia”.
Posiciones. Los dirigentes sindicales rechazaron las explicaciones gubernamentales y acusaron al Ejecutivo de violar la Constitución Nacional. Giménez, de la Fetrat, calificó la ley como un “atropello” que prioriza intereses políticos sobre los derechos laborales. “La Constitución garantiza el derecho a huelga, y una ley no puede estar por encima de ella”, sostuvo, citando el artículo 137.
Juan Villalba, de la FUTT, coincidió en que la huelga es responsabilidad del Gobierno y exigió al presidente Santiago Peña vetar los artículos 20, 39 y 45, que consideran perjudiciales para la estabilidad laboral y la definición de empleadores.
80 por ciento de los conductores de colectivos del área metropolitana se involucrará en la medida de fuerza de dos días.
