El juez de Garantías Miguel Palacios rechazó tanto la prescripción como la extinción de la causa, por lo que el caso deberá ser estudiado por un Tribunal de Sentencia.
De esta manera, irán a juicio oral por supuesta lesión de confianza y producción de documentos los acusados Carlos Hugo Sosa Palmerola, Gustavo Vera Ávalos, Ana Grzechota y Hugo Ortiz.
Con ello, admitió la acusación presentada por los entonces fiscales Hernán Galeano, José Dos Santos, Josefina Aghemo y Nadine Portillo. Varios de ellos ya están fuera del Ministerio Público. La acusación fue sostenida por el fiscal Jorge Arce y Verónica Valdez.
En su fallo, el juez rechazó el pedido de prescribir la causa porque pasaron más de diez años de los hechos, o sea, el doble de la pena. Esto fue solicitado por las defensas de Carlos Hugo Sosa Palmerola y Hugo Ortiz.
Además, rechazó la nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo requerido por el procesado Hugo Ortiz y Gustavo Vera. Tampoco admitió la nulidad de actuaciones, requerida por la defensa de Vera.
Sí hizo lugar a la exclusión probatoria de varios tomos de documentos solicitada por las defensas de Sosa Palmerola y Vera, por lo que no serán tenidos en cuenta para el juicio oral.
Según la acusación fiscal, el proceso se inició por irregularidades en las sucursales de la empresa Ara de Finanzas, ubicadas en Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá y Ciudad del Este, que causaron un perjuicio de unos 14 millones de dólares, ocurrido entre el mes de noviembre del 2014 y abril del 2015.
Señalan los agentes que, supuestamente, los funcionarios de confianza de Sosa Palmerola autorizaban operaciones riesgosas con su venia exclusiva, con los cuales se produjo un millonario perjuicio patrimonial para la empresa.
La defensa alega que no tiene la culpa de las dilaciones, ya que, según la abogada Sara Parquet, solo en uno de los recursos, la Corte dictó resolución en cinco años. Además, uno de los ministros de la Sala Penal pidió integrar con el pleno, por lo que son nueve los integrantes que debían decidir la cuestión.
A esto se suma que hubo tantas inhibiciones que, al final, la Corte se integró con jueces de Primera Instancia del interior, con lo que rechazó que fuera su culpa la tardanza.
Por su parte, el fiscal Jorge Arce había requerido el rechazo de la prescripción teniendo en cuenta las innumerables presentaciones dilatorias por parte de las defensas, según indicó.
