28 oct 2026

Tras dos años y medio de chicanas, se realiza preliminar de intendenta de Valenzuela

Hoy el juez Rodrigo Estigarribia debe decidir si la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, irá o no a juicio. La acusada logró posponer esta audiencia por más de dos años, recurriendo a incidentes dilatorios excesivos.

Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela.png

Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela.

Foto: Archivo.

Después de dos años y seis meses de espera, finalmente se llevó a cabo hoy la audiencia preliminar de Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela, quien enfrenta una acusación por un presunto desvío de G. 1.199 millones.

Esposada y sostenida de una policía, la intendenta entró a la sala de audiencia, ya que el juez Rodrigo Estigarribia, hace unas semanas, ordenó su captura y decretó su prisión preventiva, justamente a raíz de las dilaciones en la causa.

El magistrado debe decidir si el caso irá o no a juicio.

La acusación de la Fiscalía

La intendenta de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Fernández, enfrenta una causa por un supuesto desvío de G. 1.199 millones en obras inexistentes y otras incompletas.

En su calidad de jefa comunal, autorizó supuestamente el pago de obras públicas, emitiendo cheques a nombre de personas ajenas a las empresas contratadas, utilizando fondos provenientes de royalties y Fonacide.

Ver más: Intendenta de Valenzuela se encuentra prófuga y concejales analizan elegir reemplazo

Estos cheques fueron cobrados por funcionarios municipales, sin que las obras fueran efectivamente realizadas, según la acusación.

Incluso, parques infantiles habrían sido instalados en una propiedad privada y en veredas, pero recién dos años después del pago, presuntamente como una manera de justificar los desembolsos.

Figuraba también una construcción de empedrados con cunetas en varios sectores de Valenzuela, canalización, colocación de parques infantiles en plazas y en instituciones educativas; reparación de aulas, además de veredas que no se hicieron.

En informes remitidos a la Contraloría General, las obras habrían concluido en su totalidad; sin embargo, las documentaciones serían falsas.

Comportamiento “obstaculizador”

La intendenta había logrado postergar primero su audiencia de imposición de medidas por dos años, hasta que en el 2024 se logró hacer y se le impuso firmar el libro de comparecencias, pero durante dos meses la jefa comunal no se presentó a dicha diligencia.

Puede interesarle: Por chicanas, decretan prisión de intendenta de Valenzuela

Tomando en cuenta eso y las “presentaciones dilatorias” en todo el proceso, el juez Rodrigo Estigarribia revocó las medidas.

Quince planteamientos fueron presentados por la intendenta a lo largo de la causa y el último fue en junio, cuando nuevamente se intentó hacer la preliminar, pero Fernández se ausentó y presentó un justificativo médico, que no cumplía con los requisitos de una acordada de la Corte.

Antes de que el juez tome una decisión, la defensa de Mirtha Fernández recusó al juez y el magistrado, quien tras ser confirmado, ordenó la captura y decretó la prisión preventiva de la intendenta.

Más contenido de esta sección
El juez de Garantías Miguel Palacios fue sorteado para el caso conocido de las comisarías donde se deberá repetir, por tercera vez, la audiencia para el ex ministro del Interior, y actual senador, Rafael Filizzola.
El ex suboficial de Policía, Gustavo Adolfo Florentín Silva, condenado a la pena de 24 años de cárcel por el homicidio doloso del dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en el 2017, cumplirá su sentencia el 14 de julio del 2045, conforme con el cómputo realizado por la jueza de Ejecución Penal, Cynthia Sostoa.
El fiscal de Delitos Económicos Néstor Coronel investiga al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez, luego de una denuncia por tráfico de influencias y otros hechos. Un abogado había denunciado que el parlamentario metió casi 800 funcionarios al Congreso, dentro de un “sistema de privilegios arbitrarios”.
El ex intendente de Jesús de Tavarangue Víctor Bernardo Garay Olmedo fue declarado culpable de lesión de confianza por el Tribunal de Sentencia que lo condenó a la pena de dos años y medio de cárcel. Los jueces cuestionaron duramente la labor de la Fiscalía, que no investigó los hechos, según dijeron en el juicio oral.
La Asociación de Rematadores del Paraguay, presidida por Atilio Estigarribia, solicitó a la Corte Suprema la suspensión por 180 días del llamado a concurso para nuevos rematadores, a través de la nueva acordada que pretende ampliar, sin un estudio previo, según dicen, la cantidad de rematadores tanto de Asunción como en otras circunscripciones judiciales del país.
La audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, respecto a un supuestas irregularidades en obras que se realizaron en el Hospital Regional de Ciudad del Este, se suspendió debido a que la abogada defensora del procesado presentó un reposo médico.