Después de dos años y seis meses de espera, finalmente se llevó a cabo hoy la audiencia preliminar de Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela, quien enfrenta una acusación por un presunto desvío de G. 1.199 millones.
Esposada y sostenida de una policía, la intendenta entró a la sala de audiencia, ya que el juez Rodrigo Estigarribia, hace unas semanas, ordenó su captura y decretó su prisión preventiva, justamente a raíz de las dilaciones en la causa.
El magistrado debe decidir si el caso irá o no a juicio.
La acusación de la Fiscalía
La intendenta de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Fernández, enfrenta una causa por un supuesto desvío de G. 1.199 millones en obras inexistentes y otras incompletas.
En su calidad de jefa comunal, autorizó supuestamente el pago de obras públicas, emitiendo cheques a nombre de personas ajenas a las empresas contratadas, utilizando fondos provenientes de royalties y Fonacide.
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Estos cheques fueron cobrados por funcionarios municipales, sin que las obras fueran efectivamente realizadas, según la acusación.
Incluso, parques infantiles habrían sido instalados en una propiedad privada y en veredas, pero recién dos años después del pago, presuntamente como una manera de justificar los desembolsos.
Figuraba también una construcción de empedrados con cunetas en varios sectores de Valenzuela, canalización, colocación de parques infantiles en plazas y en instituciones educativas; reparación de aulas, además de veredas que no se hicieron.
En informes remitidos a la Contraloría General, las obras habrían concluido en su totalidad; sin embargo, las documentaciones serían falsas.
Comportamiento “obstaculizador”
La intendenta había logrado postergar primero su audiencia de imposición de medidas por dos años, hasta que en el 2024 se logró hacer y se le impuso firmar el libro de comparecencias, pero durante dos meses la jefa comunal no se presentó a dicha diligencia.
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Tomando en cuenta eso y las “presentaciones dilatorias” en todo el proceso, el juez Rodrigo Estigarribia revocó las medidas.
Quince planteamientos fueron presentados por la intendenta a lo largo de la causa y el último fue en junio, cuando nuevamente se intentó hacer la preliminar, pero Fernández se ausentó y presentó un justificativo médico, que no cumplía con los requisitos de una acordada de la Corte.
Antes de que el juez tome una decisión, la defensa de Mirtha Fernández recusó al juez y el magistrado, quien tras ser confirmado, ordenó la captura y decretó la prisión preventiva de la intendenta.