Parte de la información había sido previamente publicada por medios de prensa brasileños, por lo que abundaron las especulaciones en nuestro país, acrecentando el clima de desconfianza previo, debido a la falta de transparencia con la que se manejan los datos.
Pasados los días se sucedieron cálculos por parte de la ciudadanía, con el fin de dimensionar los logros de la negociación. Hasta varios días después continuaron las dudas sobre la visión exitista mostrada por el Gobierno, ya que para algunos la situación no cambiaría sustancialmente con respecto a los años anteriores, aunque sí en comparación con los pronósticos, que auguraban peores resultados.
En lo que respecta al destino que se dará a los recursos, el Gobierno señaló seis grandes áreas: la creación de centros de promoción de la salud, alimentación y educación para la niñez, el refuerzo de la seguridad nacional y ciudadana, la construcción de tres grandes hospitales en el interior del país, que se sumarán a los cuatro que actualmente están en proceso de construcción, la modernización de la infraestructura vial para contar con caminos de todo tiempo en localidades aisladas y la inversión para el mejoramiento del transporte público.
La comunicación oficial también destaca que se hará una fuerte apuesta a la infraestructura energética para aumentar el consumo de energía con la industrialización del país, ya que solo quedan tres años para que se acaben los fondos y la tarifa se reduzca sustancialmente a entre 10 y 12 dólares en 2027.
El proceso de negociación y el anuncio de los resultados se caracterizaron por la falta de comunicación, y en la mayoría de los casos tardía, ya que el país se fue enterando por fuentes del vecino país. Esta situación debe cambiar, especialmente en el reporte del uso que se les dará a los fondos.
El Gobierno debe diseñar y comunicar un plan de uso de los recursos para los próximos tres años que garantice la trazabilidad de los fondos, la ubicación exacta de las obras, los costos de cada una de ellas y los servicios que prestarán, de manera que la ciudadanía pueda realizar un monitoreo y auditoría social permanente. Son los tres últimos años de renta proveniente de Itaipú en un marco de la persistencia de una baja calidad de vida y de fuerte endeudamiento.
Todo el proceso de negociación fue oscuro y cargado de incertidumbre, con mayor y anticipada información desde los medios de prensa brasileros. Esta situación no contribuye a generar la confianza necesaria para gobernar.
Esperemos que el Gobierno sepa aprovechar la oportunidad de marcar la diferencia con respecto a los fondos de Itaipú, ya que históricamente el uso de los fondos ha estado salpicado de corrupción, mala calidad e ineficiencia.
Dado que la tarifa se reducirá y que Paraguay tendrá la oportunidad de ejercer su soberanía energética a partir de 2027, estos tres años deben aprovecharse para ampliar la infraestructura necesaria para ese objetivo. Estos serán años visagra para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Si no los aprovechamos, no nos quedará más futuro que mantenernos en los últimos lugares del desarrollo en la región.
