Por Daniel Espinoza daniel-espinoza@uhora.com.py
El acceso a la información pública fue el tema central de la última semana, debido a la divulgación masiva de las listas de funcionarios por parte de diferentes instituciones del Estado, que eran requeridas por la ciudadanía y la prensa. Sin embargo, una persona fue vital para que esto aconteciera.
La solicitud fue planteada por Daniel Vargas a la Municipalidad de San Lorenzo en el año 2007. Fue el inicio de esta ola de transparencia.
Vargas recuerda que en el 2007 tenía un programa radial. Durante una emisión hablaron sobre el aumento de funcionarios de la comuna, ocasión en la que una oyente se comunicó y le incentivó para acceder a la información pública y conocer más detalles.
“Esa oyente me impulsó para presentar la nota. Dije que la iba a presentar, y si me decían que no, iba a decir que por lo menos lo intenté”, comenta durante una entrevista con ULTIMAHORA.COM
Menciona que primeramente presentó la solicitud en mesa de entrada de la comuna y no recibió respuesta alguna. En ese momento se contactó con el abogado Ezequiel Santagada con quien presentó un recurso de amparo para que el municipio responda la petición.
“Logramos que me respondan, pero el resultado fue negativo. Me enteré que pedía tres barbaries, según la Municipalidad de San Lorenzo, como la lista de funcionarios, nombrados y contratados cuánto ganan y dónde están cada uno de ellos”, expresa.
Señala que la respuesta de la comuna se fundamentaba en que Vargas era “un ciudadano de tercera para acceder a la información pública”, que el municipio no era fuente de información y que su pedido atentaba contra el derecho de la privacidad de los funcionarios.
Accionó judicialmente
Ante las respuestas negativas, Vargas dice que conoció a personas capacitadas en derecho, como los abogados Ezequiel Santagada, Benjamín Fernández Bogado, José Luis Costa y la actual ministra de Justicia y Trabajo, Sheila Abed.
Resalta que en primera instancia fue rechazada su acción bajo el mismo argumento de la privacidad de los funcionarios. No obstante, recurrieron a una segunda instancia. En ese momento, otro ciudadano de Lambaré se entera de su caso y pide la nómina a su municipio que también le fue negada. La judicializa y en una segunda instancia gana y obliga a que el entonces intendente le entregue la información requerida.
“Sin embargo, otros jueces, teniendo esos datos, me volvieron a decir que no. Perdí la segunda instancia. Y los abogados me decían para presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte y les dije para ir hasta las últimas consecuencias”, afirma.
Recurrieron a la Corte en el año 2008, donde la acción de Inconstitucionalidad estuvo guardada por varios años.
Presión de los medios y la ciudadanía
Mientras la acción planteada por el ciudadano sanlorenzano dormía en los cajones de la Corte, las periodistas del área política de Última Hora, Liza Paredes y Diana González, realizaron formalmente el pedido de la lista de empleados públicos de las cámaras del Congreso, que también fue negada por varios meses por los presidentes de Diputados y Senadores.
De esa forma, los legisladores violaban el artículo 28 de la Constitución referente al acceso a la información pública como garantía constitucional. La dilatación en la entrega de informes hizo que otros medios y la misma ciudadanía también comiencen a presionar.
Ese hecho derivó a que la Corte Suprema desempolvara la antigua acción de Vargas y dictaminara un fallo histórico en el que se establecía que la nómina de funcionarios públicos con sus respectivas remuneraciones constituye información pública a la cual puede acceder cualquier ciudadano.
“Si lugar a dudas una de las llaves principales para que se abra virtualmente las puertas a la información pública, fue la presión de la prensa y de la ciudadanía”, asevera.
A partir del fallo de la Corte, varias instituciones del Estado comenzaron masivamente a publicar la planilla de funcionarios en su páginas webs.
Vargas espera que a partir de ahora la ciudadanía se anime y tome mayor participación en las cosas públicas. “La ciudadanía debe tratar ahora más que nunca usar ese derecho. Las puertas de acceso a la información pública están abiertas, pero faltan muchos escalones por subir”, asegura.
Refiere que el acceso a la información pública se completará cuando se conozca detalles de obras, gastos de royalties, Fonacide, ejecución presupuestaria, etc.
En una nación democrática, todo ciudadano tiene derechos y obligaciones establecidas en la misma Carta Magna. La decisión de Daniel Vargas constituye un ejemplo de que el deber ciudadano es fundamental para el desarrollo de una sociedad.
