Ante la imputación por lesión de confianza contra los ex titulares del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y Jorge Brítez, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, pidió tener en cuenta la presunción de inocencia.
Brítez fue denunciado en el marco del caso de las adendas de quirófanos modulares, en el que se investiga un perjuicio económico a la previsional de G. 61.000 millones.
El trato se hizo con la empresa Neigtpart Saeca, y el costo de toda la obra ascendía a G. 53.000 millones. En plena pandemia, la previsional liberó el primer pago en concepto de anticipo: G. 10.600 millones (20%).
“Yo quisiera darle tiempo para llegar a la verdad. Escuché detenidamente las argumentaciones del sector que defiende a Brítez. Al final, el contrato se firmó con otro presidente; fue en la época de Gubetich, después fue pagando Bataglia y finalmente Jorge Brítez”, manifestó en relación al ex titular de la previsional Andrés Gubetich, ya que bajo administración se realizó un millonario pago inicial del 20%.
Indicó que la denuncia que originó la investigación surgió en una fiscalía barrial y habló de la existencia de “desprolijidades”, por lo que consideró necesario esperar el avance del proceso judicial.
“Con base en la Constitución hay que presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó. Sin embargo, al ser consultado si la imputación golpea al oficialismo, respondió: “Yo creo que le golpea a él, porque las responsabilidades son personales”.
En ese sentido, recordó casos de administraciones anteriores como el de la ex titular de Petropar Patricia Samudio durante el mandato de Mario Abdo Benítez y sostuvo que los hechos de corrupción deben atribuirse a quienes los cometen, independientemente del cargo que ocupen. “El que de alguna forma cumple una mala función tiene que tener todo el peso de la ley, sea quien sea: presidente del Congreso, presidente del IPS o ministro”, expresó.
“La corrupción es un tango que se baila de a dos”
Sobre los cuestionamientos del senador Colym Soroka, quien señaló que además de los funcionarios públicos deben ser investigados los empresarios involucrados, coincidió en que debe existir responsabilidad compartida.
“Es una tremenda coincidencia. Ojalá avancemos en una legislación donde la pena sea para ambos. El sector que corrompe es el sector privado y el corrompido es el sector político. Es como un tango, se baila de a dos”, sostuvo.
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Agregó que muchas veces el empresario que participa en hechos de corrupción queda fuera del foco de las investigaciones. “El que se salva es el empresario, el mal empresario”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de que existiera un grupo de WhatsApp donde empresarios supuestamente distribuían recursos del IPS, como comentó Soroka, Núñez respondió que no tenía confirmación, pero consideró que deben investigarse todas las denuncias.
“Yo escuché declaraciones, pero no tengo la certeza. Habría que ver. Estoy investigando. Lo que sí creo es que desde hace años existe este problema de corrupción”, afirmó.
Combustibles: Plantea revisar límites constitucionales para transparentar costos
Sobre el proyecto presentado por Esperanza Martínez, que busca transparentar la estructura de costos de los combustibles, el legislador señaló que está de acuerdo con avanzar siempre que la normativa respete la Constitución.
Añadió que el Estado puede transparentar sus propios costos, pero pidió analizar hasta dónde puede intervenir sobre el sector privado.
“No quiero incurrir en un error. Si la Constitución permite, vamos a estar a favor. Pero si no permite, no quisiera colisionar con el sector privado”, manifestó.
Planteó convocar a todos los sectores involucrados ante el impacto del aumento de los combustibles. “Deberíamos, ahora que estamos sufriendo este tema del combustible, entonces, convocarles a estos sectores y estamos recibiendo aumento. Estamos hablando de G. 500 a G. 700 por litro, incluso G. 800. Si comprás 10 litros son G. 8.000; con eso hoy comprás un kilo de pan”, graficó.
