El senador colorado Colym Soroka dijo que ningún gobierno, incluido el de Mario Abdo, logró solucionar el problema del Instituto de Previsión Social (IPS) y señaló que esta situación, en la que varias personas están imputadas, se veía venir.
Sin embargo, el senador consideró que le parece insuficiente la investigación actual ya que también deberían estar imputados los empresarios. “Hay gente que está hace 30 años escondida haciendo cosas. También tienen que estar imputados empresarios involucrados en esto”, refirió.
La Fiscalía imputó a varios ex miembros del Consejo del IPS, entre ellos los ex presidentes de la institución Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
“No acepto que sean solamente ellos; acá solo se mira de un lado, hay que mirar todo, no importa el amigo de quién sea ni la empresa de quién sea. Se quiere enjaular al chancho y no al que le da de comer”, sentenció.
Soroka sostuvo que hay connivencia entre poderes económicos y políticos e instó a que se denuncien los nombres de los involucrados. “Que hablen, que den nombres, que se sepa quién está detrás de este tema”, subrayó.
El legislador comentó que en conversación con personas de su departamento, Itapúa, descubrió que los fondos del IPS se repartían y se manejaban a través de un grupo de WhatsApp. “Se distribuía la tortita como querían. Si este mito es cierto, tenemos que saber”, insistió.
Investigación. El fiscal Julio Ortiz imputó a Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, además de otros integrantes del Consejo, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
La denuncia refiere a hechos punibles de lesión de confianza por el caso de las adendas de quirófanos modulares.
De acuerdo con el Ministerio Público, se investiga un perjuicio económico a la previsional de G. 61.000 millones.
Asimismo, fueron imputados José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
“Realicé la imputación pertinente, la causa ya fue sorteada y también solicité aparte de la prisión que en caso de que sean aprehendidos den cauciones hasta llegar al monto de G. 61.000 millones teniendo en cuenta que ese es el monto de perjuicio que tuvo la institución”, explicó Ortiz.
