La senadora Esperanza Martínez planteó ampliar el foco de la investigación sobre la expedición de títulos académicos irregulares y pasar de los casos individuales a las instituciones que pudieron haber sostenido estos esquemas.
Martínez habló al término de una reunión de la Comisión Especial del Senado que investiga la expedición, comercialización y utilización de títulos irregulares. Según explicó, la primera etapa del trabajo consistió en solicitar información a universidades sobre su funcionamiento, carreras habilitadas, facultades y cantidad de títulos expedidos.
La legisladora adelantó, además, que la Contraloría General de la República está realizando una investigación sobre títulos presentados por funcionarios públicos que podrían ser irregulares. Evitó precisar la cantidad de casos bajo sospecha y señaló que esperan contar con avances en los próximos días.
Uno de los puntos centrales planteados por Martínez fue la situación de la Universidad Sudamericana, institución de la que provino el título de abogado presentado por Hernán Rivas.
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La senadora sostuvo que la Comisión debe analizar específicamente los títulos emitidos por la institución durante el periodo investigado. Según los datos mencionados por Martínez, serían unos 2.550 títulos correspondientes a 20 carreras.
“Rivas no fue un llanero solitario”, sostuvo la legisladora, al plantear que el caso debe llevar a investigar quiénes participaron institucionalmente en la expedición y validación de los documentos.
La legisladora explicó que una de las líneas que pretende impulsar la comisión consiste en cruzar los registros académicos con información tributaria.
La lógica planteada por la senadora es determinar si los docentes que supuestamente impartieron las clases realmente existieron y ejercieron esas funciones. Para ello, se buscaría verificar si recibieron honorarios, si emitieron facturas y si esas operaciones fueron declaradas ante la administración tributaria.
“Estos profesores dieron clase, tuvieron que haber recibido honorarios, esos honorarios debieron haber sido facturados y tributados”, señaló.
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La senadora también diferenció las modalidades que, según la información que maneja la Comisión, podrían estar detrás del fenómeno.
Mencionó casos en los que las propias universidades desconocen los títulos atribuidos a ellas, documentos que habrían sido copiados o elaborados fuera de las instituciones educativas y otros en los que se cuestiona directamente el contenido académico de títulos que formalmente fueron expedidos.
En ese último escenario ubicó el caso de Rivas: Un documento que formalmente habría sido emitido por una universidad, pero cuyo contenido académico es cuestionado por la investigación fiscal.
“Lo que se sospecha no es que alguien imprimió un título falso, sino que se imprimió un título auténtico con contenido falso”, explicó la senadora.
La legisladora también cuestionó que existan casos en los que pese a reconocerse irregularidades relacionadas con títulos o matrículas, los antecedentes hayan terminado derivados a otras instancias sin que necesariamente se hayan producido consecuencias inmediatas sobre las habilitaciones profesionales.
