El titular de Comisión Nacional de Juegos de Azar, José Ortiz Báez, fue interpelado durante una sesión extraordinaria del Senado, donde tuvo que responder a 15 preguntas y posteriormente consultas específicas de los legisladores.
Entre las primeras preguntas, se consultó si es competencia de la Conajzar o municipal la autorización de las máquinas tragamonedas y en consecuencia la fundamentación constitucional y legal de la resolución 34/2020 de la institución, mediante la cual se autoriza a una empresa el cobro de un canon.
Lea más: Firma privada se queda con el 73% de lo cobrado por tragamonedas
La ley autoriza la nueva modalidad de explotación con intervención en la operación del juego de azar, máquinas electrónicas, tragamonedas, en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar, de conformidad con el artículo 1º del Decreto Nº 6296/99 y se aprueba el proyecto de regularización presentado por la firma iCROP SA.
El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, criticó primeramente que la Conajzar no pueda hacer nada más con los juegos de azar que están distribuidos a nivel país fuera de la ley, “porque todos estos juegos son clandestinos”.
Asimismo, señaló que se contrató a una empresa llamada iCROP SA para que pague el canon y, por otro lado, no se controla ni se fiscaliza y no se incautan estas máquinas.
Entérese más: Dudas en el control a tragamonedas en adjudicación directa
La senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez afirmó que el control de los tragamonedas se inició con la intención de proteger a los niños, niñas y adolescentes de las máquinas que se encuentran diseminadas en diferentes puntos del país.
El legislador de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Juan Carlos Galaverna expresó que es lamentable el papel de la Conajzar con respecto al negociado de las máquinas tragamonedas.
“Lo que corresponde es un proyecto de declaración para exhortar al Poder Ejecutivo para mejorar esta institución, para regular la proliferación de los juegos de azar que están al alcance de los niños”, remarcó.
El parlamentario liberal Fernando Silva Facetti sostuvo que se deben recortar los fondos a la institución y otorgarlos a otra.
El colorado Enrique Bacchetta por su parte cuestionó la adjudicación a esta empresa para los controles y fiscalización de las máquinas tragamonedas y afirmó que se deben realizar investigaciones para conocer si existió un hecho punible, ya que no existió una licitación para dicha adjudicación a la firma.
El titular de Conajzar trató de aclarar que la legislación no establece la posibilidad de incautar las máquinas, pero sí la clausura temporal de los locales. En ese sentido, propuso contar con un marco regulatorio que otorgue a las instituciones las prerrogativas y jerarquice a la Conajzar, para lo cual se necesita del apoyo del Senado.
Ortiz se excusó en que la institución no tiene la estructura suficiente y solo cuenta con 16 funcionarios para atender todo el complejo sector de los juegos de azar. “No hay gestión eficaz y eficiente que se pueda realizar en estas condiciones”, concluyó.
Al término de la sesión, el presidente del Senado, Óscar Salomón, informó a sus colegas que tienen 20 días de tiempo para presentar el pedido formal del voto censura y a partir de ahí otros 20 días para que se ponga a consideración del pleno, debido a que muchas fueron las consultas mal contestadas, mal respondidas o evadidas.
Para finalizar, el senador Jorge Querey agregó que varias empresas no pagaron los cánones y que además se contrató sin licitaciones a una empresa en particular y se le otorgó la función de fiscalizar, controlar y la posibilidad de explotar.
“Las empresas no pueden cobrar cánones, esto tiene una doble cuestión, por un lado, discutir el voto de censura y, por otro lado, hay suficientes elementos como para que esto sea llevado a la Fiscalía por la alta sospecha de lesión de confianza”, aseveró, a la vez de adelantar que el Frente Guasu ya tiene una posición tomada al respecto.
