El 28 de setiembre se celebró en el campus de la Universidad Nacional de Concepción este foro que abarcaba los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, con asistencia de más de 600 personas. Edito su declaración final.
“Denunciamos la nula presencia del Estado en nuestros territorios, donde el abandono en salud, en educación y en garantías hacia los miembros de las comunidades se traduce, paradójicamente, en un favorecimiento de la estructura autoritaria y en sometimiento a la violencia de la militarización.
En ese marco hemos sufrido el atropello a nuestras casas, detenciones arbitrarias, amedrentamiento en escuelas, apresamientos y muertes de luchadores y luchadoras que han sostenido con dignidad el reclamo de recuperación de nuestra soberanía en el marco del modelo de vida campesina.
Denunciamos que en esta disputa por la tierra, más de 125 campesinos han sido asesinados hasta el 2018, cuyos casos siguen impunes; más de 460 han sido imputados y más de 260 detenidos, además de indígenas desaparecidos.
Repudiamos la expansión indiscriminada del agronegocio que contamina nuestro ecosistema y expulsa a indígenas y campesinos.
Rechazamos el asistencialismo como mecanismo de sometimiento a los partidos políticos.
Exigimos que los hechos de corrupción en la administración pública durante el periodo 2013–2018, como el caso de la falta de provisión del almuerzo y la merienda escolar en el Departamento Concepción, sean esclarecidos y sancionados.
Reiteramos nuestra exigencia de la derogación de la Ley 5.036/13 de militarización, la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar Campesina con sus reglamentaciones, y de la Ley del Seguro Agrícola.
Exigimos el cese de todo tipo de violencia y la aplicación de todos los mecanismos necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres.
Proponemos la articulación de todos los movimientos y organizaciones sociales de los departamentos del Norte para desarrollar acciones conjuntas de resistencia en el territorio hacia el desarrollo de una política social sostenible”.