21 may. 2024

Tenemos el peor transporte público de Latinoamérica

El transporte público en nuestro país es un motivo de vergüenza nacional. Los países vecinos cuentan con redes de movilidad no solamente modernas, sino también fundamentalmente diseñadas para la comodidad y el bienestar de los usuarios. Paraguay es un país atrasado donde sus gobernantes y funcionarios históricamente han privilegiado a un empresariado del transporte que solamente defiende sus propios intereses, por eso, seguimos teniendo un sistema arcaico, con buses chatarra, reguladas y sin servicio nocturno ni los fines de semana.

Un tuit sobre el transporte público recientemente encendió las redes sociales por su honestidad brutal. Dijo esta persona que, como boliviana que lleva un año viviendo en Asunción: “Puedo decir de primera mano que el transporte público de Paraguay es el PEOR de latam” (sic). Era en realidad un comentario a otro tuit, que comparaba el vagón de un metro, con un colectivo averiado en Asunción mientras era empujado por un grupo de pasajeros.

Las quejas de los usuarios, los reclamos y las denuncias no tienen efecto alguno en nuestras autoridades. La triste realidad es que nuestro transporte público no solo es un motivo de vergüenza, sino que forzando mucho el concepto puede recibir ese nombre dado que es un sistema arcaico, ineficiente y encima caro.

Nuestro nivel de atraso se evidencia precisamente porque carecemos de un sistema de transporte, en cambio, lo que sí tenemos es un grupo de empresas que manejan unos itinerarios, de manera bastante arbitraria, y que además con toda impunidad hacen permanentemente reguladas, y dejan sin transporte a la población en el horario nocturno y los fines de semana. A cambio estas empresas reciben mucho dinero por parte del Estado.

De acuerdo con una publicación de ÚH, los transportistas cobraron cerca de G. 200 millones por día y, además, desde hace 9 años el Estado desembolsa a las empresas de transporte G. 71.666 millones por año, en total, unos G. 645 mil millones. Estos desembolsos, por cierto, están siendo analizados por la Contraloría.

“No solamente incluyó el subsidio al pasaje, sino también un aporte condicional para la renovación de la flota del transporte”, había explicado el contralor general de la República, Camilo Benítez, sobre la serie de irregularidades detectadas en la auditoría realizada en varias instituciones públicas bajo la administración de Mario Abdo. Señaló que la revisión no pudo demostrar que se hayan cumplido con la renovación. “No hay evidencia de que las empresas hayan cumplido con la obligación de renovar sus flotas en tiempo y forma, como la normativa exige”. Ya no sirven los parches ni las excusas, Paraguay debe ingresar al siglo XXI con planes que den calidad de vida a la gente y para ello, además de voluntad política del gobierno y sus funcionarios, se deben encomendar el trabajo y comprometer a profesionales capacitados y con formación en el tema urbano y movilidad, no podemos seguir improvisando.

Se debe considerar el reemplazo de los vehículos particulares por buses, que además sean eléctricos, y fomentar el uso de bicicletas. Con esto no solamente se lograría reducir el tráfico, sino reducir los niveles de contaminación. Ese sistema que funciona bien en el resto del mundo, debe ser un transporte masivo con una troncal única, como se pretendía con el Metrobús. Las personas que utilicen el transporte público y contaminan menos deben ser premiadas con el ahorro de tiempo en su desplazamiento, el cual deberá ser más cómodo y más seguro. Las ciudades han ido adoptado este sistema denominado BTR, el sistema de autobús de tránsito rápido, combinado con metro, tranvías, sistema de trenes de cercanía y largas distancias y bicisendas

Para que esto sea posible, se deben dejar de lado los intereses políticos y económicos que obstaculizan la mejora del transporte público, se debe pensar en el bien común por encima de los intereses particulares.

Los paraguayos tenemos derecho a un sistema de movilidad urbana, a un sistema de transporte que responda a las necesidades de la población. Los gobernantes deben entender, finalmente, que un buen servicio de transporte público para la ciudadanía no es un lujo, sino un derecho.

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