Si bien los ingresos son administrados solo por la Corte Suprema de Justicia, actualmente el dinero se distribuye entre esta institución, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y el Consorcio del Registro Automotor.
Con el acuerdo alcanzado este miércoles, el 15% será para la Fiscalía, 21% para el Ministerio de Justicia y un 25% más para la Corte Suprema de Justicia, explicó Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay.
El Ministerio Público pasaría a recibir el 19% de los recursos judiciales en total, con al acuerdo al que arribaron esta mañana. De los cuales, un 4% será entregado directamente por el Ministerio de Hacienda, proveniente de otros ingresos del Estado.
Sobre el punto, Julio Paredes, director general de Administración de la Fiscalía General del Estado, aseguró que aunque les hubiera gustado recibir el mismo monto de siempre más el extra de Hacienda, están conformes con lo acordado.
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Ocholasky dijo que el acuerdo fue entre los gremios y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien se comprometió a tratar el tema en la sesión del miércoles de la próxima semana, ya con el acuerdo que se dio esta mañana entre todas las partes afectadas.
La Corte informó que el dinero de las recaudaciones por tasas judiciales se utilizaría para la construcción de una sede en Ciudad del Este y la implementación de expedientes electrónicos, lo que significaría la tan anhelada modernización que buscan desde hace algunos años.
Por año, la CSJ recibe en concepto de tasas judiciales la suma aproximada de G. 80.000 millones. Por otro lado, en la Fiscalía recibieron en el 2017 la suma de G. 54.000 millones en concepto de tasas.
Paredes explicó que ese dinero se invierte en el pago de alquileres de sedes fiscales, especialmente en el interior del país, insumos, viáticos, algunas construcciones y en menor cantidad para el pago de bonificaciones.
La semana pasada se registraron varias movilizaciones, tanto de funcionarios de la Fiscalía como del Poder Judicial. Los primeros exigían que no les recorten el ingreso de tasas judiciales, mientras que los segundos buscaban quedarse con el total de los recursos.
