El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario y suspendió a dos jefas y dos funcionarios de la Dirección General de Registros Públicos por intentar transferir un inmueble valuado en USD 3.500.000 y presuntamente pretender estafar a un banco.
Los implicados en el hecho, hasta el momento, serían Patricia Candia, jefa de sección, y Marlene Enciso, jefa adjunta, y los funcionarios Rubén Santacruz, de archivo, y César Picaguá (registrador), quienes fueron sumariados con suspensión de salario.
Asimismo, se comunicó del caso al Ministerio Público ante un posible hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Se sospecha que del esquema también forma parte una escribana que supuestamente autorizó la escritura pública irregular, informó PSD Radio y TV.
El caso fue denunciado por la directora general de los Registros Públicos, Lourdes González, quien explicó que la semana pasada se presentó a la institución una escritura pública de compraventa de hipoteca de un inmueble de Caaguazú, por valor de USD 3.500.000, que tuvo ingreso normal.
Según la directora, una vez ingresada la escritura pública de compraventa de hipoteca queda en el departamento de sección, donde nuevamente se requiere su devolución a mesa de entrada por pedido de la escribana, quien alegó errores en la escritura de mucho valor, por lo que la jefatura devuelve a la mesa de entrada el documento.
Al regresar el documento a mesa de entrada, la escritura desapareció en 24 horas, siempre de acuerdo con la denuncia presentada. En ese tiempo, una escribana del interior del país se comunicó vía WhatsApp con otra jefa de sección, preguntándole sobre un título que le habían llevado a ella para una operación de un banco; dicho título resultó ser el mismo que se encontraba desaparecido.
González señaló que la desaparición del título fue temporal y que tras su aparición el documento ya no contaba con la hoja de seguridad, por lo que se estima que se sobrepasaron todos los procedimientos para el retiro del título.
Ante esta situación, también se percataron de que la escritura no debió ser formalizada, ya que el certificado de condición de dominio salió con nota negativa, por lo que no se podía realizar la formalización de la escritura pública. Lo que dejó en evidencia a la escribana, quien no debió autorizar esa escritura pública, además de que el certificado catastral todavía no fue cedido por el Registro Nacional de Catastro.
Además de toda esta situación, la directora también denunció que recibió el ofrecimiento de coima a cambio de no denunciar el hecho.
Según la denuncia, el inmueble estaría registrado a nombre de Jacobs Thiesen y se trata de una finca ubicada en Caaguazú, cuyos documentos habrían sido adulterados años atrás en dicha zona. Se habla de unas 14.000 hectáreas.
