La audiencia preliminar prevista para este jueves y viernes en el marco del caso de la compra de equipos de espionaje en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) quedó nuevamente suspendida. La causa judicial ya lleva 5 años, y ahora aún no se cuenta con una nueva fecha de audiencia.
En contacto con Última Hora, Mario Elizeche, abogado del ex ministro de la Senad Luis Alberto Rojas, procesado en el marco de la causa, señaló que la preliminar quedó suspendida por tres motivos.
Entre ellos, el primero corresponde a una cuestión procesal, teniendo en cuenta que había una apelación pendiente de resolución, según explicó el profesional.
Además, también se suspendió debido a que un defensor público que tenía participación en el caso contaba con una actividad, por lo que su cliente quedaría sin representación.
Mientras tanto, el tercer motivo sería que también otro de los acusados igualmente quedó sin abogado, dijo Mario Elizeche, aclarando que con su defendido quieren llevar adelante el proceso.
“Queremos llevar adelante este proceso, el planteamiento que hace la Fiscalía (respecto a la acusación) es sumamente descabellado, porque los equipos se llegaron a usar. El dinero que se llevó a las compañías extranjeras tiene unas líneas perfectamente trazables. Los equipos incluso se utilizaron en la lucha contra el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), aseveró Elizeche.
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El proceso se inició en noviembre del año 2016, cuando Martín Cabrera, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó por lesión de confianza al ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Francisco José de Vargas.
El fiscal que actualmente lleva el caso es Luis Lionel Piñánez.
En la causa, caratulada como “Francisco de Vargas y otros sobre lesión de confianza y otros” están procesadas unas nueve personas, entre ellas ex ministro y otros ex funcionarios de la Senad.
También fueron imputados Adalberto Benítez, ex director de Administración; Alberto Ferreira Martí, ex encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Antonio Pereira, ex director administrativo; Jéssica Paola Reyes, ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa; Silvio Amarilla, agente especial, y Hugo González, coordinador de UOC, todos en carácter de cómplices.
Si bien la causa se inició en el 2016, el caso data del 2012, cuando en la institución Antidrogas se compró un equipo de rastreo, que tuvo un costo de más de G. 9.000 millones, lo que se señaló como una sobrefacturación.
