El magistrado decidió dar un mes más a la comisaria encargada del caso para que concluya su informe y lo presente a la Fiscalía, órgano que deberá decidir si presenta o no una acusación formal contra Jair Bolsonaro, que podría poner en peligro su mandato.
Celso de Mello argumentó que fueron presentadas “razones fundamentadas” para extender la investigación iniciada en abril, coincidiendo así con la postura del fiscal general, Augusto Aras.
La investigación, que supervisa el Supremo, intenta esclarecer si Bolsonaro intentó interferir política e ilegalmente en la Policía Federal, que a su vez investiga a dos de sus hijos: el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro Carlos.
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Los agentes pretenden durante este nuevo plazo escuchar a Bolsonaro, lo que puede ocurrir por escrito.
Las sospechas contra el mandatario surgieron a partir de las graves denuncias del ex juez Sergio Moro, quien renunció en abril pasado como ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro.
Moro dimitió al no aceptar los cambios en la cúpula de la Policía Federal decretados por Bolsonaro, a quien acusó de intentar presionar a esa institución autónoma, dependiente del Ministerio de Justicia.
A partir de esas declaraciones, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía abrir una investigación en la que también figura el propio Moro.
El ex juez Moro, conocido por haber liderado la operación anticorrupción Lava Jato, prestó declaración ante las autoridades e indicó que esas presiones fueron “explícitas” en una reunión ministerial celebrada el 22 de abril , días antes de su renuncia, y que fue grabada en video.
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En ese encuentro, que el Supremo decidió hacer público, un Bolsonaro exaltado se mostró disconforme con la poca información que le facilitaba la Policía Federal, afirmó que intentó sin éxito cambiar la cúpula de la institución y avisó que lo intentaría de nuevo, lo que ocurrió poco después.
El video de esa reunión es una de las piezas claves de la investigación, que hasta el momento se complementó con diferentes interrogatorios a tres influyentes ministros, políticos y comisarios.
Si hubiera indicios suficientes contra Bolsonaro, que niega todas las acusaciones, la Fiscalía puede presentar una denuncia en su contra ante el Supremo, que solo podría abrir un juicio si así lo aprueba una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513).
Solo si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, periodo en el cual el Supremo tendría que realizar el juicio, y en caso de ser declarado culpable sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, el general Hamilton Mourao.
