Enrique Wagener, abogado y desarrollador inmobiliario, presentó ayer una demanda contra la Municipalidad de Asunción. El motivo: Deficiencias e irregularidades en el proceso de la polémica subasta de la Costanera Norte que, de acuerdo a Wagener, podrían dañar irreparablemente a los futuros inversionistas, así como también se podría provocar más perjuicio al interés general.
Entre los argumentos que fundamentan la demanda se menciona que no existe garantía de que las tierras contarán con individualización catastral y registral antes del día de la subasta. Esto, atendiendo a que las fracciones ofrecidas por la Comuna, de acuerdo al Pliego de Bases y condiciones, comparten una misma cuenta corriente catastral (N 12-0339-16).
Tal situación podría generar “incertidumbre jurídica para los adjudicatarios, quienes podrían enfrentar obstáculos insalvables para la escrituración y obtención de títulos de propiedad”, según detalla un resumen de los puntos de la demanda presentada por Wagener contra la comuna encabezada por Óscar Nenecho Rodríguez.
Otros puntos que se hacen constar entre los argumentos son la falta de linderos claros y el incumplimiento de los costos legales establecidos.
También se apunta a la información “confusa y engañosa” contenida en los avisos publicados por la Municipalidad de Asunción, en los que se ofertaban las tierras a subastarse y se adjuntaba la sumatoria por las hectáreas (174 mil millones de guaraníes) a partir del precio base, de G. 28 mil millones.
“Los informes técnicos y avalúos presentados no aseguran la regularidad registral necesaria para la transferencia de dominio, lo que implica una ausencia de valoración catastral adecuada”, es otro de los argumentos que sostienen la actual demanda contra el municipio.
Ocupación. Se reclama además que el terreno se encuentre ocupado por damnificados y que no se cuente a la fecha con valuación fiscal emitida por no contar con cuenta corriente catastral. “La valuación fiscal debe hacerla la Dirección Nacional de Catastro, previa a la de valuación pericial”, añade el informe de la demanda, concluyendo que, por las razones mencionadas, las fracciones en venta “no tienen valor fiscal definido”, representando un riesgo para el inversionista.
El abogado solicitó la suspensión de la subasta con el objetivo de permitir “que el Tribunal evalúe con profundidad las irregularidades planteadas en el presente recurso” y que de esta manera se eviten “perjuicios al interés general (…) y prevenir daños irreparables a potenciales adjudicatarios”.
El jefe de gabinete, Nelson Mora, entre tanto, aseguró que la operación de la subasta se realiza en función al plan regulador. “La subasta viene de la mano del hecho de decirte cuál es el plan que vamos a hacer”. Reiteró que las familias de damnificados que viven en la zona serán reubicadas “seguramente” antes de la subasta.
