En declaraciones a un programa de la BBC, sostuvo que “por supuesto” pediría al Parlamento autónomo, donde su partido tiene 63 de 129 diputados, que denegara el “consentimiento legislativo” para que el Gobierno de Londres procediera con la retirada.
Sturgeon admitió sin embargo que el Gobierno británico podría disputar la necesidad de tener que recibir consentimiento de Edimburgo para proceder con el “brexit”.
"¿Lo que me estás comentando es si debería haber una moción de consentimiento legislativo, o mociones (en el Parlamento escocés), sobre la legislación que separaría al Reino Unido de la Unión Europea?”, planteó la ministra en el programa.
“Mirándolo desde una perspectiva lógica, me cuesta creer que no hubiera ese requisito -aunque sospecho que el Gobierno británico tendrá otro punto de vista, y ya veríamos cómo acabarían las conversaciones-", afirmó.
Preguntada por el presentador, Gordon Brewer, si se plantearía pedir al Parlamento autónomo que no respaldara esa potencial moción de consentimiento legislativo, la líder independentista respondió: “Por supuesto”.
“Si el Parlamento escocés lo juzgara sobre la base de lo que es mejor para Escocia, entonces la opción de decir, ‘miren, no vamos a votar por algo que va en contra del interés de Escocia’, por supuesto que debe estar sobre la mesa”, añadió.
Sturgeon ha expresado su decepción con el resultado del histórico referéndum del 23 de junio, que ganaron los partidarios de abandonar la UE con un 52 % de los votos frente al 48 % favorable a la permanencia.
Esto contrasta con el apoyo a la permanencia de un 62 % de los escoceses, comparado con el 38 % que abogó por el “brexit” en esa autonomía.
Tras conocer el resultado, Sturgeon dijo el viernes que ahora es “altamente probable” que Escocia, que será “sacada de la UE contra su voluntad”, celebre un segundo referéndum de independencia, después de que los independentistas perdieran el primero el 18 de septiembre de 2014.
También anunció que pedirá entrevistarse con los líderes de las instituciones europeas y los dirigentes de otros Estados miembros para “proteger el lugar de Escocia en la UE”.
