El pasado 3 de diciembre, Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional, y Silvio Beto Ovelar, senador oficialista, presentaron una nueva ley que busca la protección de los trabajadores de prensa. Con esto, se descarta definitivamente el anterior proyecto que incluía también a defensores de derechos humanos.
El proyecto ya se encuentra en el punto 4 del Orden del Día de la sesión ordinaria de la fecha.
POSTERGACIÓN. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) remitieron una nota al Congreso para pedir la postergación del proyecto de ley.
“El pedido obedece a que el mencionado proyecto de ley nos afecta directamente como trabajadores y trabajadoras de prensa, sin embargo, no hemos tenido participación en la elaboración del mismo, ni tiempo suficiente para analizarlo y realizar aportes a la mencionada propuesta legis- lativa”, reza la nota.
El sindicato señala que tampoco el proyecto ha sido socializado con colegas afectados directamente por las situaciones de violencia que el proyecto pretende atender.
“Nos parece fundamental socializar el proyecto mediante audiencias públicas y espacios de participación, a fin de garantizar una ley que realmente garantice la seguridad de las y los trabajadores de prensa”, reza la nota.
REPRESENTANTE. Santiago Ortiz, secretario general del SPP, expresó que la principal preocupación pasa por el tratamiento apresurado que se quiere dar al proyecto de ley.
“Pedimos postergar porque aún no se pudo estudiar adecuadamente, porque tenemos un proyecto estudiado desde hace tres años. Analizado por expertos, colegas y que no está siendo tratado. No obstante, este proyecto que se presentó solo la semana pasada ya será tratado”, expresó.
A fines de octubre, el proyecto al que hacía alusión Ortiz fue postergado por 30 días. Desde entonces, ya no se volvió a tratar en el Senado. El cartismo expresó su rechazo al documento por estar en contra de que los defensores de derechos humanos sean incluidos con los comunicadores.
Según afirmó en ese momento Bachi Núñez, titular del Congreso, ese proyecto es un “Frankenstein”, porque crea comisiones con presupuestos que se pueden “destinar a otras cuestiones”. Sin embargo, el monto anual de USD 250.000 fue establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es decir, que el Estado está obligado a cumplir, por el caso Santiago Leguizamón.
“No se dio participación a las organizaciones ni a los colegas para poder estudiar esto ni para plantear modificaciones. Tampoco se socializó con los compañeros del interior que son los que están directamente afectados con la realidad de violencia”, culminó Santiago Ortiz.
