Alejandro y Alexis estuvieron privados de su libertad durante 2 años,11 meses y 17 días. El fiscal José Raúl Agüero, los llevó a juicio por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, específicamente de 1 kilo 280 gramos de marihuana.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Jorge Delvalle, Cinthia Noemí Vera y Dora Maciel, en forma unánime, anuló la resolución del juez de Garantías, José Centurión, ahora jubilado, que elevó el caso a juicio oral y público.
La defensora Pública Vilma Madelaine Martínez, antes del inicio del juicio oral, solicitó varias nulidades. El citado juez había aplicado la prisión preventiva en una audiencia donde los dos imputados estaban sin abogado defensor, el 21 de noviembre del 2019.
Recién cinco días después se le asignó a la defensora pública Vilma Martínez, que tomó intervención. Ahí recién se solicitó que ambos prestaran declaración indagatoria ante el representante fiscal.
Además, pidió la nulidad de la resolución que elevó el caso a juicio oral. Es que la audiencia culminó el 9 de octubre del 2020, donde el juez cerró el debate, y el 16 de octubre de ese año, siete días después recién dictó la resolución que elevó el caso a juicio oral.
Los jueces entendieron que se violó el principio de inmediatez, además del artículo 356 del Código Procesal Penal, ya que debía dictarse la resolución inmediatamente después de terminar la audiencia preliminar.
Al final, como anularon la resolución que elevó el caso a juicio oral, ya no estudiaron el pedido de nulidad porque no tuvieron abogado durante la audiencia donde se les aplicó la prisión preventiva.
El pedido de nulidad y sobreseimiento definitivo ya había sido planteado en la preliminar por la defensora, pero el fiscal se opuso y el juez Centurión elevó el caso tras siete días de culminada la diligencia.
Tras la nulidad, ambos recuperaron su libertad. El fiscal Agüero ya no apeló la resolución, por lo que quedó firme.
En el caso, podrían requerir una indemnización por todo el plazo que estuvieron en prisión, donde casi alcanzaron los tres años sin que exista una condena judicial.
