Víctor Galeano
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Un estudio llevado adelante por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Universidad Nacional de Pilar documenta que las prácticas de consumo están “toleradas institucionalmente” e, incluso, se extienden a institutos de formación, poniendo en riesgo la integridad de los procedimientos.
Una investigación en curso sobre identidad y prácticas policiales ha arrojado luz sobre la preocupante naturalización y tolerancia institucional del consumo de sustancias alcohólicas y estupefacientes entre los agentes.
El doctor Juan Martens, reconocido criminólogo y uno de los directores de la investigación, advirtió que los hallazgos preliminares documentan que el consumo no es un fenómeno aislado, sino una práctica social e institucionalmente arraigada.
“Ehupi’imínte’arã”. Uno de los aspectos más preocupantes revelados por el estudio es la existencia de una justificación cultural para el consumo dentro de las fuerzas.
Según Martens, los investigadores recogieron testimonios que incluyen dichos como “ehupi’imínte’arã” (tomar algo), frase utilizada para justificar el uso de sustancias como una supuesta forma de “aguantar” jornadas laborales extenuantes y las fuertes presiones psicológicas propias del trabajo policial.
Esta misma situación ya la habíamos reflejado en profesionales de la salud, que para mantenerse despiertos se inyectan fentanilo.
El investigador señaló que el consumo de alcohol es una actividad cotidiana dentro de las comisarías, que diluye la frontera entre el tiempo de descanso y el deber.
Martens describió escenarios cotidianos en el marco de regímenes laborales de 8 días libres por 8 días de servicio.
“Esto pasa en especial en el interior, donde el agente a la tarde, por ejemplo, juega piki (piki vóley) y empieza a comprar cerveza, empieza a tomar. Si surge un procedimiento, se va así, bajo los efectos del alcohol, con lo que eso implica”, denunció.
La investigación revela incluso que, en ciertas instituciones o academias filiales de formación policial, “el agente ya llega con consumo y vuelve a consumir adentro”. Esto sugiere que las futuras generaciones de policías podrían normalizar estas prácticas desde el inicio de su carrera.
Ante este escenario, Martens refiere que el “gran desafío” para la Policía y el Estado radica en establecer estrategias urgentes y efectivas de prevención, disuasión y control.
El objetivo final debe ser claro y restrictivo: “Garantizar que las personas no participen en procedimientos, no continúen en funciones, si es que están bajo los efectos de estupefacientes”.
DE BAJA. Martens cedió a ÚH un informe de la Policía Nacional que detalla en cifras la cantidad de agentes dados de baja por distintos hechos desde el 2019, que fueron 33; 2020 fueron 30; en 2021 alcanzaron 47; en el 2022 subió a 93; en 2023 fueron 73; 2024 llegó a un pico de 112; y en 2025 fueron 27 efectivos. En siete años son un total de 415 efectivos policiales.
PROTOCOLO. Al respecto, la comisario María Vicenta Bejarano Espinoza, directora general interina de Asuntos Internos, detalló cómo actúan las jefaturas ante indicios de consumo de sustancias entre agentes.
Bejarano describió que el protocolo comienza cuando la Jefatura de una comisaría, departamento o dirección detecta indicios de que un uniformado bajo su mando sufre una adicción y considera que la situación es grave.
“Como jefe, debo deslindar responsabilidades. Para eso hago una nota y comunico a Asuntos Internos para que intervenga con inicio de sumario administrativo, cuyo resultante no es solo para culpar o castigar al agente”, refirió.
Luego se analiza el comportamiento del agente en su lugar de trabajo, si cuenta con ausencias reiterativas, por ejemplo. “El adicto deja indicios”, indicó.
Si se confirma, el efectivo es derivado al Hospital de Policía para ser evaluado por una junta médica conformada por especialistas. Dependiendo del informe médico, se le puede otorgar al uniformado un periodo de “oportunidad” cercano a tres meses para medicarse y recibir apoyo.
“De ese resultado dependemos nosotros, para determinar el futuro administrativo del agente”, acotó Bejarano.
SIN REHABILITACÓN. La comisaria afirmó que la institución cuenta con personal de contención, como psicólogos y psiquiatras y que se realizan charlas preventivas en centros educativos como el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), además de ser parte del marco del Plan Sumar.
Sin embargo, admitió la ausencia de una pieza fundamental en el tratamiento, que es un centro de rehabilitación para agentes, evidenciando una carencia que afecta no solo a la institución policial, sino a la salud pública en general.
Finalmente, la directora de Asuntos Internos confirmó que la problemática no es teórica y que tiene consecuencias severas dentro de la fuerza. Al ser consultada sobre si ya se han producido desvinculaciones por este motivo, fue tajante: “Sí, ya hay personas que fueron dadas de baja por problemas de adicción”.
PILLADO. El 3 de mayo, el suboficial Óscar Daniel Duarte López (21) fue captado por cámara de seguridad mientras preparaba y fumaba presunta marihuana cuando estaba haciendo cobertura de seguridad en el Mercado 4 de Asunción. El hecho le costó su separación del cargo y entrada a rehabilitación por tres meses.
- 415 efectivos policiales fueron dados de baja desde el 2019 hasta el 2025 por distintos hechos.
