La situación de Venezuela no se puede reducir solo a las cuestiones geopolíticas o económicas relacionadas a la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno norteamericano en un operativo militar tan aplaudido como cuestionado. Tampoco se reduce a las diversas actividades ilegales de las que se acusa al ahora ex presidente venezolano. Es hora de que los ciudadanos venezolanos sean escuchados, especialmente los más vulnerables, aquellos cuyos derechos humanos han sido avasallados dentro de su país y fuera de él.
En el caso del Gobierno de Nicolás Maduro, se cuestiona la legitimidad de su última elección presidencial en el año 2014 cuando logró su tercera y discutible reelección.
Venezuela vive una grave emergencia humanitaria, cuyo eco a nivel mundial es la inmigración forzada de más de ocho millones de venezolanos, en lo que se considera como la mayor diáspora del siglo XXI. Lo más resaltante y lo más cuestionado del régimen autoritario venezolano es lo relacionado a la vulneración de los derechos humanos, en forma sistemática.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido atropellos de toda índole contra el sistema democrático y contra la propia soberanía de su país, tales como el desacato a la voluntad popular manifestada en las urnas; el encarcelamiento, tortura y asesinato de opositores al régimen; la falta de respeto a la propiedad privada; la inseguridad alimentaria y la crisis sanitaria de gran envergadura que afecta a millones de venezolanos.
La comunidad internacional a través de diversos organismos viene denunciando la terrible precarización de la vida de los venezolanos y la falta de respuesta por parte del Gobierno de Maduro. El Gobierno de EEUU acusa, por su parte, al régimen de Maduro de aliarse con el terrorismo, el narcotráfico a gran escala, así como cuestiona su vínculo con gobiernos con intereses geopolíticos contrarios a los norteamericanos y con actitudes hostiles. En cuanto a la extracción de Maduro y de su esposa por parte del Gobierno norteamericano, el hecho ha sido cuestionado por quienes ven en ello un debilitamiento del derecho internacional. Las asociaciones de venezolanos en la diáspora aplaudieron; sin embargo, la intervención manifestando cansancio y desazón por la inacción e indiferencia de los organismos e instancias jurídicas internacionales en todos estos años de violación de sus derechos fundamentales, manifestando mayores esperanzas de un cambio positivo.
El respeto a la soberanía de Venezuela debe darse tanto de parte de los interventores actuales, bajo observación de la comunidad internacional, así como por parte de sus gobernantes. Estos deben dar paso a la restauración de las instituciones que garanticen la vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como el respeto a las urnas para la autodeterminación de Venezuela.
No se pueden negar los intereses financieros y geopolíticos que motiva la intervención en Venezuela, pero tampoco se puede continuar con actitudes indiferentes ni mucho menos con la hipocresía de los declaracionismos inertes.
La Cancillería paraguaya ha denunciado en varias ocasiones la preocupación por el deterioro de la institucionalidad en Venezuela y la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto en forma unilateral como de manera conjunta con países de Mercosur y de la OEA. Es evidente que los paraguayos nos sentimos interpelados en la conciencia y nos solidarizamos con los venezolanos, a muchos de los cuales hemos recibido e integrado en nuestra sociedad, al verse ellos obligados a salir de su país buscando mejores horizontes.
Abogamos por el pronto restablecimiento del orden interno en Venezuela y el justo reacondicionamiento de su soberanía y de su democracia participativa. También por la pronta sanación sociocultural, política, financiera, corporal y espiritual de sus ciudadanos.
