En diciembre del año pasado, más de 2.000 policías, linces y militares acompañaron el megaoperativo Veneratio en la principal cárcel de Asunción, donde autoridades lograron recuperar el poder del control del clan Rotela, luego de trasladar a 724 reos a otras cárceles, algunos de ellos a los de máxima seguridad.
“La situación es muy distinta a como era antes del 18 de diciembre... El operativo tuvo un resultado bastante positivo, sin dejar de tener en cuenta las pérdidas; sin embargo, eso nos permite hoy poder disponer de la penitenciaría e ir aplicando todas las políticas que queremos llevar adelante”, analizó el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora.
El 14 de febrero se hizo una visita al penal con jueces de Ejecución, de Garantías, agentes del Ministerio Público, defensores públicos y representantes de instituciones para identificar las causas de los reos.
“Hicimos entrevistas a una gran cantidad de personas, que hace un tiempo no se podían llevar a cabo, que por razones de seguridad no eran convenientes. Esa visita comprendió revisar las causas de las personas, de su libertad, hacer relevo del estado de salud y se dio participación a defensores”, dijo el viceministro.
Reconoció que todo lo que tenga que ver con política criminal de fondo hoy en día es factible, luego de retomarse el control en el penal.
Hasta hace una semana, la población de Tacumbú era de 1.952 internos, con guardiacárceles y 50 policías en la entrada, haciendo controles.
Mencionó que tras el operativo ya se cumplió con la reidentificación de internos trasladados y los que quedaron.
DESDE OTRO FOCO. Por su parte, desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la presidenta Claudia Sanabria dio un panorama sobre el acompañamiento a los internos.
Explicó que como institución estuvieron presentes recién en el momento posterior al operativo. “No fuimos parte, siendo que somos un órgano de prevención”, explicó.
Detalló que luego se desarrolló un informe, con recomendaciones, tras los tras-lados de presos, a fin de “construir respuestas reales”.
“Si bien se mencionaban un plan para el momento de la intervención, es un punto de preocupación”, dijo Sanabria.
Citó que hay tres vertientes. La primera, que una persona trasladada necesita su contexto en cuanto al proceso judicial. Otro aspecto es relativo a la salud. Dijo que en casos de que un interno tuviese afecciones y que necesitase de una atención más compleja, “al trasladarlo va a aumentar la problemática, con el corte de tratamiento”, sostuvo.
El tercero es la preocupación relacionada con el acercamiento familiar. “Es un derecho. Eso se vio quebrantado con este proceso de traslado”, detalló la profesional.
Dijo desconocer el contenido del plan, qué medidas existen como respuestas, ya que “el traslado no es una solución para el problema”.
El informe con recomendaciones ya tienen las instituciones involucradas. Si bien ya hubo acercamientos con el MNP y reuniones, se espera uno más contundente.
