“Presentamos esta acción porque para nosotros, la normativa, viola la Constitución Nacional. La Carta Magna dice que todo bien de dominio público que quiera ser privatizado debe pasar por el Congreso”, señala.
Rojas, además, señaló que esta normativa significa un gran perjuicio para los trabajadores debido a que se van a enajenar los bienes públicos.
“Subirán los precios de los servicios públicos, además desde el momento en que se privatizan las empresas, el día que los empresarios encuentren 1.000 o 1.500 trabajadores demás, serán echados”, aseveró a la 780 AM.
El sindicalista señaló que se reunirá con el secretario del titular de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, para fijar una audiencia.
