20 feb. 2026

Sin cuórum para tratar designación de Quiñónez

Los senadores no trataron nuevamente este lunes la propuesta del Ejecutivo para designar a Sandra Quiñonez como fiscal general del Estado. La sesión convocada este lunes quedó sin cuórum.

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Quiñónez fue la elegida de Horacio Cartes. Foto: Archivo.

La sesión estaba convocada para las 12.00 de este lunes y el único punto del orden del día era la designación del remplazo de Javier Díaz Verón.

Se destacó la ausencia de los senadores colorados disidentes y cartistas. Solo un parlamentario de Colorado Añetete estuvo presente.

Según el senador Carlos Filizzola, la ausencia de los disidentes y cartistas es señal de un abrazo republicano entre ambos sectores. “Ellos son quienes la protegen para que no sea rechazada. El cartismo está aliado con los disidentes y liberales”, dijo a Telefuturo.

El pasado jueves hubo un intento para tratar este tema en el Senado, que debe dar su acuerdo para la designación. Se necesitaba mayoría simple para otorgar el acuerdo, pero al mismo tiempo hacía falta el cuórum, es decir, que estén 23 senadores.

Quiñónez es la propuesta que el Ejecutivo eligió de la terna conformada además por Díaz Verón y María Victoria Acuña. Sin embargo, no logra reunir los votos en el Congreso para asumir en el cargo.

El proceso para la elaboración y selección de la terna que realizó el Consejo de la Magistratura fue ampliamente criticado por sectores de la oposición y por el Colegio de Abogados. En su momento mencionaron que los nombres sugeridos fueron a medida del oficialismo colorado.

Nota relacionada: Sandra Quiñónez propone crear una unidad contra el crimen organizado

Sandra Quiñónez es egresada de la Universidad Nacional, tiene 48 años. La fiscala se desempeñó como asistente entre los años1994 y 2000. Desde entonces y hasta la actualidad ejerce como agente fiscal penal.

Investigó crímenes perpetrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También estuvo a cargo del conocido caso de Pérez Corradi, hombre buscado por la Argentina, y del crimen del comunicador Pablo Medina y Antonia Almada.

Su postura sobre el acceso a la información privada sin orden judicial fue motivo de muchas críticas. La misma sostiene que no se requiere orden judicial para acceder a los metadatos administrados por las empresas telefónicas.

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