El conflicto por la regulación de las plataformas de transporte en Ciudad del Este sigue sin resolverse. Ayer, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, dos grupos de conductores de plataformas digitales expresaron sus posiciones divergentes sobre la ordenanza municipal 17/2024.
Por un lado, un grupo de cuatro asociaciones de conductores de plataformas digitales que participaron en la elaboración de la ordenanza junto a los taxistas y concejales, defendió el documento en su totalidad.
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José Antonio Abadie, dirigente del grupo que cuestiona el documento aprobado, señaló que no están en contra de la regulación, pero sí cuestionan algunos puntos específicos, como la obligatoriedad de usar uniforme, tener licencia de conducir clase A, la antigüedad máxima de 10 años para los vehículos y la exigencia de asociarse para obtener la habilitación municipal.
Considera que estos requisitos son inconstitucionales y afectarán a muchos jóvenes que trabajan en plataformas digitales para pagar sus estudios. Además, cuestionó el alto costo de las cuotas de las asociaciones y la falta de transparencia en su uso.
“Existen muchos puntos de esta ordenanza que son anticonstitucionales. Son muchos los jóvenes que trabajan para poder pagarse sus estudios que van a quedar inhabilitados. Queremos que sea un poco más flexible, pero dentro del marco legal vigente en nuestro país. Insisto, no estamos pidiendo la anulación, es correcto que sea regulado porque brindamos un servicio a la comunidad”, refirió.
Asimismo, indicó que el artículo 3 inciso F que establece que para ser habilitado para el servicio el vehículo debe tener una antigüedad máxima de 10 años del año de fabricación, debe ajustarse a la realidad local.
“Muchos de los vehículos que se importan, son de 10 a 12 años para atrás. Yo tengo un Ractis 2013, es uno de los modelos más nuevo que se vende acá en el mercado, fueron años de esfuerzo para comprar y que está en condiciones para brindar un buen servicio. Si me quedó fuera, me pregunto y esos buses y taxis, de los años 1999, porque siguen circulando”, cuestionó.
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A su vez, sostuvo que tampoco están de acuerdo que sean obligados a asociarse para poder ser habilitados. “Para asociarse piden una cantidad de dinero exorbitante. Una de ellas pide una entrada de G. 3.600.000 y después una cuota social nuevamente. Un colega se acercó para verificar y no está especificado para que piden esa cantidad de dinero”.
Lamentó la falta de diálogo con el otro grupo de conductores de plataformas digitales que sí está de acuerdo con la ordenanza aprobada. “Hasta hoy en día no llegue a tener diálogo con ninguno de estos grupos, porque nunca se acercaron a nosotros, los trabajadores reales, a sentarnos en una mesa de diálogo”.
Sin registros
Por su parte, la concejal Alison Anisimoff, presidenta de la Comisión de Seguridad y Tránsito de la Junta Municipal, aseguró que durante el estudio de la ordenanza se buscó incluir a la mayor cantidad de trabajadores de plataformas digitales.
Anisimoff reconoció la falta de un registro oficial de conductores de plataformas, lo que dificulta la regulación del sector. Sin embargo, defendió la necesidad de establecer un marco legal para garantizar la seguridad de los usuarios.
“Pero allí empieza el problema, porque no tenemos un registro de todos lo que están trabajando en esto porque se basa solo en un aplicativo. Si bien es una empresa multinacional, tampoco podemos permitir que venga a sobrepasar el derecho de nuestra gente”.
Señaló que es de público conocimiento la pelea por pasajeros en el microcentro entre taxistas y trabajadores de plataformas, pero que a falta de una regulación no pueden intervenir institucionalmente.
“La gente viene y me pide una solución y si no tenemos nada que lo regule y el Policía Municipal no puede intervenir porque un vehículo está estacionado esperando pasajero, porque te dice le estoy esperando a mi primo, mi hermano, mi suegra, cuando en realidad están esperando pasajeros a través del aplicativo”.
La edil insistió en que el objetivo de la ordenanza es garantizar un viaje seguro a los usuarios de plataformas. “Esto empezó hace tiempo y se llamó a la mayor cantidad de personas. Nunca se le limitó a nadie para venir a averiguar a informarse, o aportar para esta ordenanza, que del proyecto original durante el estudio se cambiaron muchas cosas”.
El concejal Sebastián Martínez, quien también participó en la elaboración de la ordenanza, instó a los diferentes grupos de conductores a dialogar para encontrar soluciones consensuadas. Martínez aseguró que la ordenanza se basa en el derecho al trabajo y en la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios.
