El proyecto presenta dos aristas. Una, que es la perspectiva ambiental y social, desde donde serán regulados todo el proceso del comercio de residuos, y otra, desde la perspectiva financiero-tributaria, al regular el comercio internacional de estos materiales donde existe actualmente una fuga de más de cien millones (USD 100.000.000) de dólares en impuestos que deberían ser aplicados en nuestro país, a través del mecanismo de subfacturación.
“Actualmente, los exportadores de residuos declaran un valor subfacturando y con ello, eluden varias obligaciones legales, evadiendo los impuestos aplicables, moviendo cantidades de dinero en negro a través de un sistema de pago internacional denominado HAWALÁ, que es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos, ejecutado a través de las casas de cambio, evadiendo los controles estatales”, reza parte del proyecto.
Senadores incluyen en el proyecto a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), para prevenir el lavado de dinero, y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), para prevenir que el narcotráfico de alguna forma utilice este canal de comercio internacional, tanto para el tráfico ilegal como para realizar la transferencia de fondos.
Los residuos metálicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: ferrosos y no ferrosos. Los residuos ferrosos son aquellos que contienen hierro, como los restos de automóviles, electrodomésticos, estructuras metálicas, entre otros. Los residuos no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, como el aluminio, cobre, bronce, entre otros. En tanto que los plásticos de polietileno tereftalato (PET) son utilizados como resina reciclada para la producción de nuevos productos.
“La falta de regulación legal de este sector hace que operen sin control, generando un auge en el mercado negro por este tipo de desechos, que concluye con la exportación de materiales obtenidos de forma ilegal, forjando una alarmante actividad delictiva en todo el territorio nacional, que se expresa en el robo permanente de los metales utilizados en las infraestructuras públicas y privadas, promoviendo de la misma forma el masivo contrabando de este tipo de residuos. Como resultado de esta falta de regulación legal, se genera el ambiente propicio para el tráfico ilegal de desechos, como los cables de las redes eléctricas, telefónicas y de otros servicios y estructuras esenciales para la población, por medio del robo”, reza parte del proyecto.
PERJUICIO. Los proyectistas también destacaron que la sustracción masiva de las tapas de medidores de la ANDE, Essap y cables de Copaco, señales de tránsito y barandas de protección vial ponen en peligro los servicios de estas empresas, así como la vida de peatones y conductores que utilizan las vías públicas para su desplazamiento.
El proyecto actualmente está bajo estudio de la Comisión de Industria y Comercio.
