Los senadores Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, junto con Juan Carlos Nano Galaverna, ambos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presentaron a la Cámara de Senadores un proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 213/1993, que establece el Código del Trabajo, en busca de un nuevo sistema de cálculo para el reajuste del salario mínimo.
El primer objetivo de la propuesta es desvincular el ajuste del salario mínimo exclusivamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) e incluir otros indicadores, como el Índice de Costo de la Canasta Básica Familiar con promedio de los últimos cinco años ajustado por inflación y la evolución del salario mínimo real.
Entre otros criterios técnicos para la fijación del monto, también se apunta a que se tenga en cuenta la productividad laboral con indicadores de valor agregado por trabajador en sectores estratégicos, y el crecimiento económico, con la variación del producto interno bruto (PIB) per cápita real.
El proyecto, que ya se encuentra en trámite en Senado, menciona que “se determinará periódicamente el salario mínimo vital con base en estudios técnicos que considerarán obligatoriamente” todos estos factores, mientras que también establece que se haga una “revisión extraordinaria” antes del plazo anual en caso de que se dé una variación macroeconómica crítica, una inflación descontrolada o una variación del costo de vida.
Asimismo, la evaluación extra se haría ante una eventual emergencia nacional declarada por decreto del Poder Ejecutivo, con informe técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) o una solicitud “calificada” por parte de al menos tres miembros del Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) y con respaldo en indicadores económicos.
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“Nuestro país ha enfrentado desafíos económicos crecientes, como la inflación persistente, especialmente en bienes esenciales, como alimentos, vivienda, salud; aumento de la informalidad laboral, que deja a miles de trabajadores fuera de la protección salarial; encarecimiento de servicios básicos como educación, transporte, energía eléctrica; pérdida real del poder adquisitivo, donde los ajustes salariales no compensan el alza de precios”, señalan en la exposición de motivos.
Indican que, actualmente, el IPC “presenta deficiencias metodológicas que lo vuelven un indicador desactualizado y poco representativo de la realidad económica de los hogares paraguayos”, lo que genera “una canasta básica obsoleta que no refleja los cambios en los patrones de consumo de la población, especialmente en sectores vulnerables, con ponderaciones desbalanceadas”.
También recuerdan que el índice no tiene en cuenta los nuevos gastos de la ciudadanía, como los servicios digitales u otros que son parte del consumo diario.
“Estas limitaciones generan que los ajustes salariales basados en el IPC no logren compensar la inflación real, perpetuando condiciones de precariedad y desigualdad (...). Se propone una reforma estructural del IPC que actualice periódicamente la canasta básica, incorporando nuevos bienes y servicios esenciales; amplíe la cobertura geográfica; ajuste las ponderaciones según el gasto real de los hogares, dando mayor peso a rubros críticos; establezca una metodología transparente y participativa, con insumos de sectores académicos, empresariales y sindicales”, añaden en el documento.
Cambios en Conasam
El proyecto también apunta a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo pasen a integrar la Conasam como "órganos técnicos consultivos permanentes”.
“Actualmente, el Consejo Nacional de Salario Mínimo opera como un espacio de negociación tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores), pero carece de un soporte técnico permanente que garantice decisiones basadas en datos actualizados y análisis socioeconómicos rigurosos”, explican al respecto los legisladores, añadiendo que con esto buscan también “despolitizar las discusiones salariales”.
La senadora Esperanza Martínez, de la Concertación Frente Guasu, ya había presentado un proyecto de ley con el que también se busca modificar el método de cálculo del salario mínimo, con el objetivo de que refleje de manera más justa el verdadero aumento del costo de vida de la población trabajadora.
La legisladora explicó que la normativa vigente contempla tanto el IPC general y el IPC de alimentos para definir el reajuste anual, pero que, tradicionalmente, se utiliza el índice general, el cual no refleja con precisión los aumentos que afectan más directamente a las familias trabajadoras, especialmente a las de menores ingresos.
Justamente, para este viernes 22 de agosto, desde las 09:00, Martínez convocó a una audiencia pública para tratar su propuesta, que será en la sala de sesiones del Senado, ubicada en el tercer piso del Congreso Nacional.
