En conferencia de prensa, el senador Rubén Velázquez cuestionó la decisión del juez Humberto Otazú de no admitir un material audiovisual que, según afirmó, demostraría que durante la pandemia sí se elaboraban panificados en la planta procesadora de alimentos de la Municipalidad de Ciudad del Este, contradiciendo uno de los principales argumentos de la acusación fiscal.
“La Fiscalía sostiene que los insumos nunca fueron proveídos para la elaboración de panificados. Sin embargo, existe un material audiovisual que demuestra claramente que los panificados estaban siendo elaborados y distribuidos durante la pandemia”, manifestó.
Explicó que se trata de una transmisión en vivo de un medio de comunicación, sin cortes, en la que –según indicó– se observa la producción y entrega de alimentos a personas afectadas por la emergencia sanitaria.
No obstante, señaló que el juez resolvió excluir esa evidencia al considerar que el video contenía declaraciones que debían incorporarse a través de testimonios y no como prueba documental.
“Claramente se demuestra que había insumos para panificados y esto el juez Humberto Otazú decide excluir del expediente. A su criterio, el video no tiene importancia o relevancia”, criticó.
Velázquez sostuvo que la decisión judicial vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso.
“Calificamos esto como una clara persecución política. Consideramos que aquí fueron violadas las garantías constitucionales y la defensa en juicio que tiene que tener cualquier ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a defenderse, aportar pruebas e impugnar pruebas, y aquí a Miguel se le está cercenando ese derecho”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el objetivo del proceso es apartar a Prieto de la carrera presidencial.
“Buscan sacar a Miguel Prieto de su carrera presidencial con una condena segura, conduciéndolo en este juicio”, expresó.
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Miguel Prieto enfrentará un juicio por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado caso Tajy. La Fiscalía sostiene que existieron compras simuladas de insumos durante la pandemia, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial estimado en G. 306 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, por su parte sostuvo que el jefe comunal debe responder ante la Justicia por las acusaciones que enfrenta en el denominado caso Tajy.
Al ser consultado sobre las denuncias de persecución política formuladas por senadores de Yo Creo, Núñez rechazó esa versión y afirmó que los problemas de Prieto no son con el oficialismo.
“Tres de sus cómplices reconocieron el hecho. Lo que tiene que hacer Miguel Prieto es hablar con sus ex aliados, que fueron los que le denunciaron. El problema de Prieto no es con Bachi ni con Alliana, es con la Justicia”, manifestó.
Asimismo, descartó que el cartismo vea a Prieto como una amenaza electoral ante la consulta de periodistas.
"¿Qué temor le voy a tener? Ustedes le protegen. En tapa sale Hugo Javier, pero no sale Miguel Prieto. Yo le tengo miedo a Dios. ¿Por qué a un mortal le voy a tener miedo, y más a un ladrón de pandemia?”, expresó.
En otro momento, el titular del Senado se mostró confiado en el desempeño electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones municipales.
“Vamos a tener grandes sorpresas en las municipales. Vamos a ganar Asunción, Encarnación y vamos detrás de Ciudad del Este”, afirmó.
