El senador opositor Rafael Filizzola presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una solicitud de apertura de una investigación penal de oficio por presuntas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS) y que involucran al director jurídico del IPS, el abogado José González.
La presentación se fundamenta en el artículo 18 del Código Procesal Penal, que obliga al Ministerio Público a actuar de oficio ante la existencia de hechos con apariencia de delito, se alega en el documento.
Principales hechos expuestos
En la denuncia se destacan varios aspectos. Lo primero es el crecimiento patrimonial del director jurídico del IPS. Para ello se solicita investigar el incremento patrimonial del 215% registrado en 15 meses por José González Maldonado, quien reconoció haber percibido G. 412.500.000 en concepto de honorarios derivados de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera.
Según los antecedentes expuestos, los fondos habrían sido abonados por la propia previsional y no por la contraparte privada, lo que podría configurar lesión de confianza (art. 296 del Código Penal), entre otros hechos punibles, se sostiene. El segundo punto tiene que ver con las posibles inconsistencias en declaraciones juradas y eventuales delitos conexos.
Se advierten contradicciones entre lo declarado ante la Contraloría General de la República y las manifestaciones públicas respecto a la distribución de dichos honorarios entre varios abogados. Ello podría dar lugar a investigaciones por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y evasión tributaria.
Asimismo, se solicita a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la realización de auditorías fiscales a los abogados externos e internos vinculados.
El tercer punto es el uso irregular del rubro Gastos Judiciales. Se expone un esquema de homologación de acuerdos extrajudiciales imputados al rubro 915 Gastos Judiciales, que en 28 meses habría totalizado más de G. 177.656 millones, con un incremento del 61% respecto al periodo anterior.
Se sostiene que esta práctica podría haber servido para eludir procedimientos licitatorios, establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas (Ley N° 7021/2022), configurando eventualmente fraude al procedimiento, lesión de confianza u otros hechos punibles.
Finalmente, la denuncia expone posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias. La presentación también solicita analizar vínculos institucionales y familiares entre autoridades del IPS, la Procuraduría General de la República, docentes universitarios y una magistrada interviniente en uno de los procesos vinculados, a fin de determinar si existieron conductas penalmente relevantes.
Alcance de la solicitud
Filizzola solicitó que la investigación no se limite a un caso puntual, sino que abarque integralmente las actuaciones de la Dirección Jurídica del IPS durante la gestión señalada, incluyendo todos los acuerdos transaccionales, regulaciones de honorarios y contratos relacionados.
La comunicación presentada no constituye una denuncia formal, sino la remisión de antecedentes de interés público para activar la obligación legal del Ministerio Público de investigar de oficio, aclara.
“El IPS administra los aportes de cientos de miles de trabajadores y jubilados. Cualquier indicio de uso indebido de esos recursos debe ser esclarecido con total independencia y rigurosidad”, señaló el legislador.
