La denuncia fue presentada por supuesta lesión de confianza tipificada en el artículo 192, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal paraguayo. Es con base en auditorías del Poder Ejecutivo, ordenadas por la administración de Fernando Lugo, en el periodo 2010/2011, cuando ejercía como ministro de Obra Públicas el actual candidato a presidente de la República Efraín Alegre.
El senador Martín Arévalo, del movimiento Honor Colorado, solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que designe a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para llevar adelante la presente investigación, y asigne a un agente fiscal para la presente causa.
Además, pide que oportunamente se formule la imputación en contra de los responsables y sus cómplices, luego del trámite legal establecido en la etapa preparatoria, formule acusación solicitando pena máxima privativa de libertad, por corresponder a estricto derecho.
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En la denuncia se menciona que en una auditoría de revisión especial se detallan numerosos hechos punibles que deberán ser analizados y caratulados si correspondiere por el Ministerio Público. En ese sentido, describe la adquisición de combustible en total G. 30.656.992.754, ejercicio fiscal 2010, y G. 26.986.268.800 en el periodo comprendido de enero hasta junio de 2011.
El documento refiere que son mínimos los controles de consumo y utilización de los combustibles, ya que los vehículos y maquinarias en la mayoría de los casos poseen desperfectos, como cuentakilometraje y horómetros sin funcionar, lo cual impide medir con exactitud la cantidad exacta utilizada.
Así también se señala el incumplimiento de la Resolución del MOPC 1349/09, con la recepción de cemento asfáltico por valor de G. 7.868. 344.547 sin la participación de la auditoría interna de la institución.
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Se mencionan además los bienes de uso sin título de propiedad, había 102 maquinarias y 28 camionetas utilitarias cuyo valor de adquisición asciende a G. 68.139.742.134, de las cuales solo seis maquinarias y 21 camionetas utilitarias tenían título de propiedad. Pasando más de un año sin contar con el respaldo del bien adquirido a favor del Estado.
En la denuncia se señala también que se detectaron legajos de pagos de salarios incompletos en los cuales el objeto del gasto de jornales totalizó la suma de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de las documentaciones exigidas, según establece la Contraloría General de la República.
Además, el senador menciona que existen obras inconclusas por un valor de G. 35.675.367.833 aproximadamente. No se ejecutaron las penalizaciones, multas, las empresas con convenios modificatorios no entregaban las obras en fechas. Estos hechos se tenían que remitir a la Asesoría Jurídica para el trámite pertinente y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
