Como es habitual, el Senado no pudo desarrollar este miércoles su sesión ordinaria ante la poca concurrencia de legisladores y fue a una extraordinaria, donde el debate se limitó a una intervención de cinco minutos por cada orador.
En medio de un intenso descargo ante la falta de respuesta del Gobierno a los médicos que reclaman un reajuste salarial, los cartistas siguieron retirándose de la sala y poco después de una hora solo estaban en su curul 21 senadores y se tuvo que levantar la sesión por falta de cuórum.
De esta manera, no solo evitaron que continúen las críticas hacia Santiago Peña y el Partido Colorado, sino que dejaron pendientes 15 puntos del orden del día, entre ellos siete que tienen sanción ficta entre el 5 y 11 de setiembre.
Los textos abordan la transferencia de propiedades, licencias de conducir para personas con discapacidad y subasta de vehículos abandonados, pero entre los puntos más importantes se destaca el proyecto del diputado Yamil Esgaib sobre denuncia falsa.
Lea más: Cartistas dejan sin cuórum en medio de discusión sobre recursos para médicos
La media sanción de la Cámara de Diputados establece una pena privativa de libertad de hasta 6 años en los casos donde la denuncia falsa haya provocado que el denunciado sea sometido a prisión preventiva u otras medidas restrictivas de libertad dentro de un proceso penal. El documento es objeto de cuestionamientos, ya que intentaría intimidar a quienes intenten denunciar a la clase política.
El caso más polémico es la imputación que enfrenta el ex presidente Mario Abdo Benítez por varios hechos punibles, entre ellos denuncia falsa en contra del titular de la ANR y también ex presidente de la República, Horacio Cartes.
Otro proyecto en riesgo es el “que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, presentado por el senador Derlis Osorio.
El documento sufrió una modificación en la Cámara de Diputados y los senadores necesitan una mayoría absoluta de 23 votos para ratificar su versión original, aunque la Comisión Antimafia de Pagarés y de Legislación recomendó aceptar los cambios de la Cámara Baja.
El proyecto busca “garantizar que una vez cancelada la obligación estipulada en el pagaré, el acreedor tenga la obligación legal de devolver dicho documento al deudor, a fin de evitar eventuales perjuicios, dobles reclamaciones o prácticas abusivas que puedan afectar a los ciudadanos”.
Estos últimos dos proyectos tienen sanción automática el próximo viernes 11 de setiembre y, en ese sentido, la Cámara de Senadores tiene solo una semana para estudiarlos.
