Durante el análisis del presupuesto correspondiente al Ministerio de Hacienda se dio un largo debate sobre los bonos soberanos. El Ejecutivo solicitó autorización para emitir los papeles del Tesoro Nacional por USD 602 millones.
Una mayoría de senadores votó para no realizar recortes en ese rubro a pesar de que un importante sector estaba en contra.
El senador colorado Juan Darío Monges afirmó que la emisión de bonos es importante para la puesta en marcha de los planes de acción del Gobierno. Indicó que el nivel de endeudamiento del país es bajo y auspicioso.
La bancada del Frente Guasu propuso eliminar la totalidad de la emisión y honrar los compromisos contraídos con nuevos impuestos, como al tabaco y a la soja.
Por su parte, Carlos Filizzola afirmó que de los USD 600 millones solicitados, USD 300 millones es para el pago de deudas. “Estamos hipotecando el futuro del país”, expresó.
Sin embargo, la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, a pesar de dejar su postura contraria a la emisión de bonos, dijo que el país no se puede arriesgar a pagar sus deudas sobre una proyección probable de ingreso.
“No sería prudente porque creará disturbio, lastimosamente, en la gente de afuera que necesita tener la certeza de que vamos a honrar nuestros compromisos”, argumento.
El liberal Carlos Amarilla estuvo a favor de incluir la totalidad porque considera que el Estado paraguayo no está en condiciones de utilizar sus recursos genuinos para el pago de los intereses generados por la colocación de los bonos soberanos.
La emisión de bonos soberanos generó una disputa política el año pasado porque los senadores decidieron recortar lo pedido por el Gobierno. Sin embargo, el presidente Horacio Cartes decidió vetar la ley sancionada por el Congreso.
Según el proyecto del PGN 2018, del total a emitirse, USD 300 millones serían utilizados para el servicio de la deuda pública, USD 250 millones para programas de inversión y los restantes USD 52 millones para aporte de capital a organismos multilaterales.
Las entidades que usarán los fondos captados para invertir son el Ministerio de Obras Públicas (USD 221 millones), el Ministerio de Justicia (USD 23 millones) y la Industria Nacional del Cemento (USD 6 millones).
