De esta manera, en el 2018 entrará a regir el proyecto presupuestario aprobado por el Senado, cuyo monto asciende a G. 73,5 billones (USD 13.207). Al rechazarse el veto parcial del presidente de la República, Horacio Cartes, queda vigente lo sancionado por el Congreso.
La senadora Blanca Lila Mignarro (PLRA) dio inicio al debate y defendió los aumentos salariales. Aseveró que muchos incrementos serán financiados con recursos institucionales. “El déficit fiscal es de 1,66 %, cifra muy inferior del 2,6 que rigió en el 2016 y 2017", justificó.
Posteriormente, se declaró un cuarto intermedio para que la Comisión de Hacienda y Presupuesto sea constituida por el pleno y dictamine. Minutos después se confirmó la recomendación de aceptar parcialmente el veto en un punto.
POSTURAS. Carlos Amarilla aseveró que el Ejecutivo no tiene potestad de vetar. Resaltó que la construcción del PGN impone un diálogo y consenso mínimo. Admitió que el presupuesto tiene imperfecciones. Pidió que ya no haya un Ejecutivo que se considere dominante.
Fernando Silva Facceti justificó que las mejoras salariales corresponden ya que es un reclamo de la ciudadanía, como el de los docentes, el de la salud, entre otros, por lo que aseveró su acompañamiento al rechazo al veto parcial.
Hugo Richert dijo que el veto tiene objetivos políticos muy claros. “El presupuesto y su modelo viene desde la época de la dictadura, con algunos cambios. Hemos sido incapaces de cambiar esta matriz porque quienes patrocinan este tipo de modelo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ellos están formados, ideologizados para aplicar un modelo de presupuesto. Nos amenazan con un país en ruinas cuando se habla de aumento salarial para el obrero”, dijo.
La senadora Desirée Massi defendió el incremento salarial para el personal sanitario. “El médico solo no hace nada: sin las personas que limpian la sala, las ambulancias, entre otros. Esto es trabajo en equipo. Para los médicos es poco más de G. 200.000 nomás, pero sí es importante para los camilleros”, agregó.
El senador Juan Carlos Galaverna pidió el cierre de debate ya que se estudió durante una semana el proyecto presupuestario. Esto fue aprobado y se procedió a votar.
La votación culminó con suficiente mayoría para el rechazo parcial del veto. Se aceptó la objeción que tiene que ver con el cobro que se realiza a los funcionarios por las deudas contraídas.
El proyecto del Ejecutivo establecía que los descuentos a funcionarios públicos en concepto de deudas tenga un límite del 50% de los salarios en el 2018 y 25% al año siguiente. Sin embargo, el Congreso había sancionado que sea del 25% a partir de su vigencia, decisión vetada por Horacio Cartes y aceptada por la Cámara de Diputados, con lo cual se mantiene la propuesta original, ya que para su rechazo ambas cámaras deben coincidir.
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VETO PARCIAL. El presidente de la República, Horacio Cartes, vetó parcialmente el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. La objeción afectaba a los incrementos salariales aprobados por el Congreso Nacional.
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, mencionó que el Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado y con reestructuración del gasto público, al moverse las partidas presupuestarias.
Señaló que el déficit del plan de gastos asciende a USD 87 millones que deben ser financiados con impuestos.
La objeción parcial al proyecto de presupuesto sancionado por el Congreso se da sobre los aumentos incorporados para el Ministerio de Educación y Ciencias (4%), Ministerio de Salud Pública en un porcentaje de hasta el 30% y en 8% para los diferentes programas de la entidad.
El Ejecutivo tampoco está de acuerdo con el aumento para los funcionarios de la ANDE, en G. 600.000, y a los trabajadores de la Industria Nacional del Cemento (INC), en un 12%.
CARTA MAGNA. El artículo 208 de la Constitución Nacional establece que un proyecto de ley parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo será devuelto a la Cámara de origen para su estudio (Diputados) y pronunciamiento sobre las objeciones.
Si esta Cámara las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara revisora (Senado), donde seguirá igual trámite. Si esta también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada, y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará.
Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas Cámaras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas Cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley.
