Una mayoría de 30 senadores rechazó la objeción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al proyecto de ley que establece el ingreso de los gastos sociales de las binacionales al Presupuesto Nacional.
Las bancadas opositoras, algunos colorados y liberales se ratificaron en la necesidad de transparentar el uso del fondo de las binacionales que se destinan a obras públicas, mientras que 11 votaron por la aceptación de la objeción.
El senador del Frente Guasu, Jorge Querey, señaló que con el veto del Ejecutivo se fomenta el uso indiscrecional para campañas políticas o entornos empresariales debido al frágil control.
Por su parte, Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ) dijo que se debe aclarar que dichos fondos no tienen que ver con los gastos del funcionamiento de la hidroeléctrica.
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“Esta ley sancionada no puede tener una objeción jurídica porque ese dinero se gasta en obras públicas que van a la ciudadanía. Lo que se plantea es que ese gasto pase por la burocracia del Estado. Que pase por Contrataciones Públicas, licitaciones, llamados, que se puedan hacer auditorías y denunciar al Ministerio Público”, señaló.
Criticó que Abdo vetara una ley que pueda controlar el dinero de las binacionales que son bienes públicos y que en muchos casos sirven como una “caja chica para los partidos de turnos”.
El legislador Enrique Salyn Buzarquis apoyó el rechazo y sostuvo que las binacionales forman parte del Estado paraguayo, y lamentó que el Gobierno no quiera apoyar la transparencia.
“Las binacionales no pueden ser un sub-Estado, las binacionales jerárquicamente son inferiores, es lógico que los gastos socioambientales formen parte del Presupuesto de la Nación. No son un Estado dentro del Estado”, insistió.
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Por otro lado, Desirée Masi sostuvo que se trata de fondos adicionales: “Lo que pedimos es que además de 3 o 4 personas decidan en dónde se va a destinar ese dinero, que también pase por el Congreso y que la ciudadanía pueda controlar”.
“No encontramos que esto sea inconstitucional, sí que es un intento de manejo discrecional, oscuro y entre cuatro paredes, lo cual es inaceptable”, apuntó.
Para la senadora del FG, Esperanza Martínez, la posición del Gobierno tiene que ver con las próximas internas municipales y dijo que se necesita a “Papá Noel: Itaipú y Yacyretá” para costear los gastos.
Agregó que el uso de dichos fondos ya cuenta con una herramienta jurídica mediante la inclusión de un artículo a la Ley del Presupuesto General de la República (PGN 2021) aprobado este miércoles.
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Por aceptar el veto se pronunciaron los senadores Juan Darío Monges, Martín Arévalo y Rodolfo Friedmann, quienes justificaron el acompañamiento al Poder Ejecutivo por considerar que el proyecto de ley es inconstitucional.
“De ninguna manera podemos esgrimir que la transparencia es violentar un tratado”, dijo Monges.
A su turno, Arévalo indicó que no le consta que los fondos socioambientales de las binacionales sean utilizados como prebendas y que nunca recibió dinero para sus campañas.
“El tratado resuelve la forma en que se debe usar el dinero. Una ley no puede pasar por un tratado. Una ley de inferior jerarquía no puede cambiar un acuerdo bilateral, es válido el veto del presidente”, insistió.
El documento fue tratado en una sesión extraordinaria. La última palabra la tendrá la Cámara de Diputados, con una mayoría colorada, ya que para rechazar el veto se requiere que ambos estamentos del Legislativo estén de acuerdo.
