Los senadores debatieron por más de tres horas el conflicto generado en la colonia Guahory con el desalojo de campesinos durante la sesión ordinaria de este jueves. El senador liberal Luis Alberto Wagner solicitó un debate libre al respecto.
Legisladores opositores fueron los que principalmente hicieron uso de la palabra para dejar sentada su postura en contra del procedimiento policial liderado por el comisario Luis Cantero y encabezado por el fiscal Alfirio González. Esgrimieron principios constitucionales y jurídicos.
Como consecuencia, el senador colorado Ramón González Daher propuso conformar una comisión para investigar el caso que posteriormente fue aprobado por el pleno. Los integrantes serán resueltos este lunes en la reunión de la Mesa Directiva, informó la periodista de ÚH, Diana González.
Miguel Abdón Saguier fue el primero en hacer uso de palabra y criticó a las autoridades de tratar de buscar agitadores antes de referirse al fondo del conflicto que es el problema social. Recordó que la Constitución Nacional específica que el Paraguay es un estado social de derecho y resaltó la importancia de entender ese concepto.
Sostuvo que la represión solo agudizará la problemática social y considera que el actual Gobierno está perdiendo el rumbo al tener una mentalidad represiva y donde los terratenientes consideran que sus intereses están por encima de la Carta Magna.
La senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, mencionó que la colonia Guahory es un pequeño territorio donde todavía existe una población campesina arraigada y que está rodeado por colonos brasileños que solo invierten en el lugar, pero no residen en esas propiedades.
Denunció que el desalojo con la destrucción de casas y cultivo de campesinos de manera violenta se realizó sin una orden judicial de por medio. Fernando Silva Facetti dijo que se debe analizar la conducta del agente fiscal para saber con exactitud si obró fuera de marco jurídico. En caso que así sea, pidió sanción y castigo.
En la sesión se presentaron varios videos, entre ellos uno en donde se observa a un colono brasileño en un helicóptero agradeciendo a la Policía. Sobre el caso, existieron rumores sobre un pago a los uniformados de USD 200.000 para realizar el procedimiento.
El operativo se realizó el pasado jueves con el despliegue de 1.200 efectivos para desalojar más de 200 familias campesinas. Se destruyeron 63 viviendas precarias, entre ellas una de material. En total están en litigio 1.200 hectáreas y son las que ocupaban los campesinos.
