Varios senadores cuestionaron el presunto “negociado” con tierras del Indert que supuso la adjudicación de 29 hectáreas de tierras públicas, de las que 12 hectáreas habrían sido escamoteadas a la Dirección Nacional de Aduanas (hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a beneficio del empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, en una irrisoria operación de G. 18 millones.
En este sentido, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue enfática al señalar que el Ejecutivo es el que debe anular directamente y enviar al procurador general de la República, Marco Aurelio González, a que restituya al Estado paraguayo la propiedad del inmueble, dada la supuesta irregularidad.
“Este señor es un acomodado que no se pierde la amistad de un solo presidente. Este es uno que se hace amigo de Lugo, de Federico, se hace amigo de Wasmosy, Lino Oviedo y del que sea para seguir siendo ‘existoso’”, señaló, refiriéndose al empresario en cuestión.
Instó a que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto y obre para devolver al Estado lo que le pertenece.
“Inmediatamente, el presidente de la República debe enviar al procurador para que
desaloje a Ehreke de ahí. Acá no tenemos que expropiar nada. Así como pasó con la finca 916. Ir ahí y con tractor echar lo que hizo”, indicó.
Agregó que como Parlamento no deben “perder el tiempo” tratando de recuperar por medio de un proyecto de ley las tierras que, en puridad, deberían volver a su origen, dado que el acto carecería de legalidad.
“Santiago Peña en este momento debe enviar al procurador, ¡y mañana! No echarle al nuevo ladrón del Indert, sino que primero debe ser interpelado y espero que los colorados estén de acuerdo. Es un ladrón más, porque los ladrones no tienen partido, sino que tienen bolsillo”, apuntó.
Negocio “inició con Marito y terminó con Santi Peña”
A su turno, la senadora Yolanda Paredes (PCN) dijo que esta situación que se da con la tierra distorsiona todo el sector y habló de competencia desleal desde el punto de vista que hay “empresarios” que a partir de tierras del Estado –que deberían ser para otros fines–, empiezan a basamentar su fortuna.
“Estos son los señores de ilustres apellidos, que son los primeros que negocian tierras públicas y luego se pasean con sus camionetas. Dejemos de perseguir a personas con desalojo cuando que le estamos dando a otros a G. 600.000 la hectárea, a empresarios del Gobierno, porque ese negocio se hizo en el periodo de Marito; es decir, inició con Marito y terminó con Santiago Peña. Quiere decir que los amigos del poder están en el anterior gobierno y en este gobierno”, aseguró.
El senador cartista Patrick Kemper (ANR-HC), por su parte, mostró su acuerdo a la posibilidad de la interpelación a Ruiz Díaz, no sin antes esperar el resultado de un pedido de informe de la institución. Calificó que es llamativo cómo se dio el traspaso de tierras públicas por ese precio y en una zona en pleno crecimiento inmobiliario.
“Conversemos con el senador (Óscar) Salomón antes de presentar un proyecto de expropiación, como bien mencionaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Me parece más apropiado recurrir a las herramientas constitucionales que tenemos: una es el pedido de informe, que ya está en marcha, y la otra es la interpelación, que considero más adecuada. Este ministro –o secretario ministro– debe venir a dar explicaciones, sobre todo ante tanto ruido. Es importante escuchar también la versión de la otra parte. No obstante, a priori y de manera superficial, resulta sumamente llamativo lo ocurrido”, indicó.
