El caso guarda relación con el proyecto que aumenta del 20% al 40% la preferencia para producción nacional en compras del Estado, que fue sancionado este miércoles por la Cámara de Diputados y remitido al Poder Ejecutivo.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deberá promulgar o vetar la propuesta, que a su vez fue muy cuestionada por el sector importador.
El representante de la Cámara de Industria Química Farmacéutica, Luís Ávila, dijo a Monumental 1080 AM que el sector aguarda la decisión presidencial y explicó que con el proyecto, los importadores que quieran seguir vendiendo al Estado deberán bajar sus márgenes de ganancia para participar en las compras públicas.
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Ávila mencionó que si bien la propuesta beneficiará al sector nacional, no representa un buen negocio vender al Estado ya que este lleva más de 13 meses de atraso en sus obligaciones.
“Hace meses que el Estado no paga por los insumos a las farmacéuticas, nosotros tenemos pedidos de Perú y de Bolivia para vender los medicamentos al contado, pero no estamos exportando porque estamos esperando lo que decida el Ministerio de Salud ante esta situación”, refirió el empresario.
Asimismo, aclaró que los grandes proveedores del Estado son los importadores, que traen medicamentos importados, pero en contrapartida los más beneficiados son empresas de maletín que participan en los llamados públicos.
La normativa sancionada por el Congreso dispone que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por la vía de procesos de carácter nacional, se establezcan incrementos en el margen de preferencia a favor de los productos y servicios de origen nacional del 20% actual al 40%.
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La propuesta, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, busca paliar el fuerte impacto económico que causó la emergencia sanitaria por Covid-19 en la economía nacional.
La diputada Celeste Amarilla fue una de las que más cuestionó la propuesta y sostuvo que solo las grandes empresas contratistas del Estado serán las beneficiadas, en detrimento de las arcas del Estado, que posiblemente no tendrán precios competitivos hacia abajo, atendiendo a que muchas empresas tienen un mayor costo operativo.
