Elías Cabral | Canindeyú
El ministro de la SEAM, Rolando de Barros Barreto, nombrado por Decreto Nº 2.955 del Poder Ejecutivo en enero pasado, se desentendió del pedido de informe solicitado para los medios de comunicación, contrariamente a lo establecido por la ley de Información Pública y del portal de acceso a la información, que obliga a los funcionarios responder a los ciudadanos en no más de 10 días sobre cualquier consulta.
Bien sabido es que desde el 2013 los técnicos de la SEAM realizaron varias intervenciones, como el caso de la deforestación de 1.500 hectáreas constatada en la colonia Yapó, distrito de Corpus Christi, y que fue notificado por parte del funcionario Julio Marecos a los responsables, quienes serían de la empresa Laguna S.A.
En septiembre de 2014, durante el lanzamiento del operativo Taguato Ruvicha, inclusive con presencia de la entonces ministra Cristina Morales, quien sobrevoló la zona de Villa Ygatimí en helicóptero, se constataron más de 280 hectáreas de desmonte de la forma más criminal, deforestando y procediendo a la quema de añosos árboles en varias propiedades.
Muchos otros atropellos contra el medio ambiente fueron intervenidos por la institución, cuya función principal es la de proponer políticas de conservación y las sanciones administrativas correspondientes a los trasgresores, inclusive, obligando a la reposición de las áreas destruidas; llamativamente, la SEAM no quiere dar a conocer a la opinión pública el resultado de dichas intervenciones.
