El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, advirtió que el sector atraviesa una situación “crítica” debido al freno en las obras y la falta de pagos por parte del Gobierno. Las empresas negocian un plan de “factoring” para salvar el bache financiero.
La industria de la construcción en Paraguay enfrenta uno de sus momentos más complejos. Según los datos revelados por la Cavialpa, la fuerza laboral del sector se desplomó de 300.000 a 245.000 empleados, lo que representa una pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo en los últimos meses.
Sarubbi señaló que la reducción de la actividad económica entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026 refleja una crisis profunda.
“Las empresas están en una situación financiera muy difícil, con deudas no solo con los bancos, sino con proveedores y subcontratistas” explicó. Esta falta de liquidez ha forzado a disminuir el ritmo de ejecución de las obras ante la imposibilidad de sostener los costos sin cobrar.
Actualmente, la deuda total del Estado con el sector supera los USD 400 millones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adeuda unos USD 225 millones, a los que se suman USD 110 millones en intereses. Además, hay compromisos pendientes de otras carteras como Salud, Educación y Vivienda, según los datos entregados por los empresarios.
El ingeniero recordó que la incertidumbre ha frenado la inversión en maquinaria y la capacitación de personal. “Los bancos ven el riesgo y se vuelven más restrictivos”, lamentó Sarubbi, advirtiendo que, de no encontrarse una solución definitiva, el deterioro de la infraestructura nacional y la caída del empleo seguirán profundizándose.
Para destrabar el conflicto, el Gobierno presentó una propuesta de cesión de crédito o factoring y pago de intereses con bonos. “Esta herramienta permitiría que los bancos adelanten el dinero a las constructoras, mientras el Estado cancela la deuda a largo plazo”, explicó.
La Cavialpa planteó una serie de ajustes claves a la reglamentación, según explicó su titular. Entre ellos, pidieron que se incluyan deudas de Educación, Deportes y Vivienda, no solo del MOPC. Asimismo, solicitaron precisar que el Estado asuma los costos financieros del canje de las deudas. Por otro lado, plantean que se reconozcan deudas acumuladas desde el 2022.
