Siguen saliendo a luz más datos del caso en el que funcionarios de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía habrían intentado extorsionar a policías para no ser detenidos. Según el abogado que testificó en el caso, el fiscal –Federico Delfino– también debería ser investigado, ya que a su nombre se pidió el dinero y sus asistentes solo son el eslabón débil.
En horas de la mañana de ayer, llegaron hasta la sede del Ministerio Público tanto el fiscal Antisecuestro, como el abogado Valentín Domínguez, alias Leopardo, ambos en carácter de testigos.
Este último declaró que “conforme a audios, se podía percibir que el abogado (Miguel Insaurralde, uno de los que pedía supuestamente el dinero) y los asistentes estaban instruidos por el fiscal Delfino. Los audios que recibí de mi cliente mencionan pedido de dinero supuestamente a pedido del agente fiscal”.
El profesional testificó frente a los fiscales Alejandro Cardozo y María Irene Álvarez que, al parecer, los asistentes operaban en conjunto con el fiscal para pedir dinero a los efectivos policiales.
Es investigado el técnico administrativo de la Fiscalía, José Ramón Cárdenas, sobrino del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. Él no es asistente fiscal, confirmó el Sindicato de Asistentes Fiscales. También es indagada una mujer que cumpliría funciones en su unidad.
EXTORSIONADOS. Los policías, el suboficial Alejandro Carlos Rocca Osorio, el suboficial 1° Marcelo Barrios y el oficial inspector Cristhian Fabián Rodríguez, todos de la Comisaría 2ª de Asunción, fueron detenidos por supuestamente extorsionar a un conductor de Bolt. Y antes que se haga efectiva su detención, dos abogados (Miguel Insaurralde y Omar Peña) supuestamente les propusieron “negociar”, inicialmente con USD 10.000 por cabeza, es decir, que se debía pagar USD 30.000.
Posteriormente, se bajó a G. 150 millones, denunció.
El abogado Domínguez, quien representaba a los tres, contó que si no pagaban, les dijeron que entre el lunes o el martes pasado iba a salir la orden de detención, lo cual finalmente ocurrió.
Denuncia. El abogado Leopardo mostró mensajes enviados al fiscal Delfino, cuando le contó las supuestas negociaciones, enviándole –incluso– audios ahora filtrados.
Supuestamente, el fiscal cuando salió a luz el caso, quiso al parecer deslindarse del pedido de dinero, denunciando y poniendo a disposición a sus asistentes, según denunció.
“No hay ningún asistente fiscal que tenga el poder para ordenarle a su fiscal y decirle: Sacá esa orden de detención”, dijo el abogado.
FUE AVISADO. Por su parte, Delfino contó que otro fiscal y un abogado le dieron aviso de que estaba cocinada la causa a sus espaldas.
“El viernes pasado (los del Departamento Antisecuestro) presentan un pedido de detención y no soy informado siendo que estuve en la oficina. Me pareció extraño.”, dijo el fiscal a la 1080 AM, confirmando que se filtró la información y que hizo la denuncia ante su superior.
Delfino hizo averiguaciones y dijo de los agentes de la Policía que investigaban tuvieron “una explicación firme, clara y concisa”, no así de sus funcionarios y comenzó sus sospechas, dijo a la 1080 AM.
Supo que se estaba negociando con un grupo de abogados por un monto.
Esta alerta aceleró la detención de los policías, quienes le habrían confesado todo al fiscal, y que desde su unidad que estaban buscando un arreglo para que no sean imputados.
Jueza decreta prisión para los 3 policías por supuesta extorsión
La jueza de feria, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva de los tres policías que fueron imputados por la supuesta extorsión al conductor de Bolt, ocurrido el pasado 31 de diciembre del 2023, según la fiscalía.
Igualmente, el juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, rechazó un hábeas corpus reparador que había sido presentado a favor de los uniformados, porque habían estado más de 24 horas sin que se comunicara al juez, aducía la defensa.
La resolución afecta a los agentes Cristhian Fabián Rodríguez, Marcelo Barrios y Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio, quienes prestaban servicio en la Comisaría 2a., Metropolitana.
La jueza señaló que se trata de un hecho punible grave, a más de que existe peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.
Todos ellos están procesados por presunta privación ilegítima de libertad y extorsión. Por ser policías, la jueza Ruiz Díaz dispuso que los tres agentes queden recluidos en la Agrupación Especializada.
Con respecto al hábeas corpus, el juez Amarilla argumentó que existe una imputación fiscal, y los tres agentes fueron citados por la magistrada para la imposición de medidas, que se hizo ayer, por lo que se rechazó la garantía constitucional.
El caso también derivó en la investigación a asistentes fiscales a cargo del fiscal Federico Delfino, quienes supuestamente habrían requerido dinero para dejar sin efecto la causa.
