El 23 de setiembre finaliza el plazo de convocatoria de candidatos para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. A solo cuatro días del cierre, apenas se presentaron seis candidatos.
Es el peor momento del Consejo de la Magistratura, órgano seleccionador del sistema de Justicia, cuya credibilidad está por el suelo, luego de su última elección de la terna para la máxima instancia judicial, en la que incluyeron a César Diesel manipulando los puntajes, ya que estaba entre los peor posicionados. Este fue electo posteriormente ministro de Corte y se lo vincula políticamente al Partido Colorado. Unos dicen que responde a Horacio Cartes y otros al vicepresidente Hugo Velázquez. O, a los dos.
La cuestionada designación de Diesel dinamitó la escasa credibilidad del Consejo, que había logrado cierto crédito con la integración de ternas de las que surgieron figuras interesantes para la Corte Suprema, como Carolina Llanes, Martínez Simón, Jiménez y Ramírez Candia, que generó esperanzas en la Justicia. Debe decirse que el Consejo arma las ternas, el Senado designa y el Ejecutivo da su acuerdo final. Como puede verse, la arquitectura institucional del Poder Judicial está controlada por los partidos políticos.
La razón de la falta de interés de los doctores en Derecho es que ya no están dispuestos a participar del circo de la “elección” de la terna en el Consejo de la Magistratura. En este caso, la asignación tiene color e incluso nombres. La vacancia generada por el fallecimiento de Gladys Bareiro de Módica adelantó la disputa. La misma pertenecía al PLRA, y por tanto, según el acuerdo político, el cupo corresponde a los liberales.
En el PLRA hay disputa entre los movimientos que buscan imponer a su candidato. En este contexto, sobresalen como candidatos el senador Víctor Ríos y la defensora pública, Lorena Segovia. El primero responde al grupo liberal independiente y tendría el apoyo del Frente Guasu y un sector de la ANR, mientras que Segovia pertenece a las huestes de Blas Llano, con lo cual se asegura el voto de la bancada cartista. La elección en el Senado vaticina negociaciones y pactos, y aún no se puede decir con certeza qué sector ganará.
Fuentes de la Corte Suprema señalan que Segovia estaba siendo “preparada para el cargo” por Bareiro de Módica. Recién en julio pasado, la defensora pública logró su doctorado en Derecho en la Universidad Metropolitana, lo que refuerzan las versiones sobre la digitación. Segovia anunció el viernes su postulación a la Corte Suprema, con un discurso cargado de simbolismo sobre los derechos de la mujer. “Es necesario que más mujeres accedan como ministras a la máxima instancia judicial”, señaló como punto de largada.
DECADENCIA. La falta de confianza hacia el Consejo de la Magistratura evidencia la crisis del modelo del “cuoteo político”, sistema por el cual los partidos Colorado y Liberal, especialmente, y una tercera fuerza política coyuntural acordaron en 1993 la distribución de cargos en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fruto del Pacto de Gobernabilidad firmado por el presidente Juan Carlos Wasmosy y Domingo Laíno, del PLRA.
Dicho pacto se dio porque la ANR perdió el control del Congreso y entró en una espiral de disputas internas que obligó al presidente Wasmosy a buscar acuerdos para tener gobernabilidad. “Compromiso democrático” fue otro pacto firmado en 1994 que posibilitó el repliegue de los militares a los cuarteles, que dio pie al fenómeno Lino Oviedo, pero esa es otra historia.
La primera Corte Suprema fruto del Pacto de Gobernabilidad fue una de las mejores de la era pos-stronista porque los protagonistas políticos de entonces decidieron proponer a los juristas más honorables. Incluso se respetó la equidad política, ya que no había hegemonía partidaria.
El “modelo” persistió en el tiempo, pero se fue desdibujando a medida que los partidos políticos impusieron a ministros de dudosa reputación, a “los chanchos del chiquero”. El resultado: la Justicia paraguaya es una de las peores del mundo por su politización y corrupción.
No se puede negar que tras la caída del stronismo los acuerdos políticos, derivados de la debilidad colorada, han contribuido a lograr cierto equilibrio político en las instituciones judiciales, el TSJE y otros organismos del Estado. La Justicia ya no estaba controlada por un solo partido, sino por el poder político.
Pero este modelo de cuoteo desvergonzado en el que prima la lealtad política antes que la institucionalidad se ha agotado y las pruebas están a la vista.
No fue suficiente la descoloradización parcial del Estado. El reparto de los cargos no fortaleció las instituciones, porque simplemente distribuyó poder y negocios.
Es hora de descolorar las instituciones y ubicar en la Corte y demás instituciones judiciales a hombres y mujeres con la valentía suficiente para cortar los cordones umbilicales con sus padrinos políticos.
